Ese viernes 27 de julio vence el plazo para la entrega de ofertas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para construir la sede del Centro Familiar de Adoración en la ciudad de Salto del Guairá. Resulta curioso del porqué es la entidad municipal es la que regula el llamado ya que se trata de la construcción de una iglesia privada, sin embargo es la propia entidad la que realiza la convocatoria

Según los datos de la DNCP, la Comuna pretende gastar G. 157 millones del dinero de los contribuyentes para construir la sucursal de la sede religiosa liderada por el pastor Emilio Abreu.

Para encontrar más datos con respecto al porqué la Comuna gasta dinero de la ciudad en construir una iglesia, hallamos la resolución 2865/2017, con fecha 29 de diciembre de 2017, por la cual se otorga permiso municipal y se aprueban las obras que serán y están siendo encaradas por el municipio en el 2018.

En el detalle figuran escuelas, tinglados multiuso, pavimentos, reparaciones de sedes municipales pero también se encuentra la construcción del Centro Familiar de Adoración, por los G. 157 millones mencionados.

Además, en el listado se observa que la Comuna prevé la construcción de la capilla san Juan Bautista (Católica) del barrio Itaipú, por valor de G. 165.719.960; la construcción de la capilla en el barrio San Juan del Kilómetro 5 de la Asamblea Dios Misionera, por G. 119.531.900; y la reparación de la capilla San Cayetano del barrio Renacer, por G. 30.650.000.

Con los agregados de la Iglesia Católica, la Municipalidad de Salto del Guairá gastará G. 628.981.360 en el 2018, solo en sedes religiosas.

Este año, la Municipalidad ya adjudicó la ampliación de la Iglesia San Pedro (2da. Etapa) por G. 156.079.500. vía contratación directa, a la empresa unipersonal Isabelino Silvero Báez.

Datos de la DNCP revelan que desde el 2016 hasta el 2017 los ciudadanos de Salto del Guairá ya habían “invertido” en nueve instituciones religiosas. En el 2016, se concedió la construcción de la Iglesia Ko’e Rory a la unipersonal Marta Concepción Elizabeth Báez por G. 110.132.800.

La lista del 2016 sigue con la terminación de la Iglesia Casa de Dios del barrio San Antonio a la misma empresa de Marta Báez por G. 80.000.000 y la terminación de la Iglesia Pentecostal del barrio Bernardes, también a la empresa unipersonal, por G. 140.000.000.

En el 2017, la Municipalidad financió la construcción de seis iglesias: la ampliación de la Iglesia Simiente Predestinada, por G 96.500.010, edificada por la empresa unipersonal Evelio Torales Rodríguez; la ampliación de la Iglesia La Misionera, por G. 98.140.000, por Mario Benítez Cuéllar; la construcción de piso de la Iglesia Asamblea de Dios del barrio 1 de Mayo por G. 117.000.000 a Juan Darío Rolón Ruíz Díaz; y la ampliación de la Iglesia San Pedro al mismo Isabelino Silvero Báez por G. 289.980.000.

La lista del 2017 sigue con la construcción de la vereda para explanada de la Iglesia del barrio Ko’e Rory concedida a Juan Darío Rolón Ruíz Díaz por G. 15.000.000; mientras que la ampliación de la iglesia Unidos en Cristo, concedida a Alves Sociedad Anónima, recibió G. 345.000.000 del dinero municipal.

En total, desde el 2016 hasta el 2018, la Municipalidad de Salto del Guairá terminará aportando G. 1.761.994.170 del dinero de todos los saltoguaireños en iglesias tanto protestantes como católicas.

Para obtener respuestas del porqué la Municipalidad de Salto del Guairá invierte el dinero público en iglesias, intentamos conversar con varios funcionarios de la Comuna. La odisea para obtener las versiones nos llevó primeramente al director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Orlando Fernández quien nos dijo que no es el encargado de opinar al respecto porque su trabajo solo es licitar. Las respuestas deben obtenerse con el intendente Haitter o bien con el secretario general Arnaldo Villalba.

Como el intendente no se encontraba en la Comuna porque estaba de viaje en Asunción, conversamos con Villalba quien dijo que su opinión al respecto es “superficial”. Dijo que las iglesias son las que colaboraron durante años con la Municipalidad y que de esta forma Salto del Guairá les retribuye. Dijo que en la mayoría son refacciones y que no precisamente se basa en la construcción desde cero.

“Acá no es solamente a una iglesia la que se le ayuda. Unas 10 iglesias ya son a pedido de la gente. No solamente colaboramos con obras sino con actividades de todo tipo. Desde el punto de vista del intendente es porque están inculcando los valores perdidos a la comunidad. Todos están trabajando intensamente”, expresó.

Seguidamente nos solicitó que conversamos con la licenciada Karine Arce quien es la directora de Administración y Finanzas. Luego de mucho insistir, respondió que no puede brindar información alguna porque según el organigrama no le corresponde. Pidió que se le envié “cuestiones puntuales” al correo de la Municipalidad y que desde allí ella iba a “hacer el seguimiento”.

Agregó que “estaría bueno” que la misma consulta se les traslade a los concejales, quienes también aprobaron las obras. Le mencionamos que la Intendencia tiene potestad de vetar lo que se apruebe en la Junta Municipal pero ella se escudó en que no puede hablar por sus jefes.

La diligencia judicial se realizará ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá definir si confirma la prisión del funcionario.

El presente caso se enmarca en la incautación de 21,960 kilogramos de oro, realizada en noviembre de 2025 en el aeropuerto Silvio Pettitossi. Se estima que el valor del cargamento podría superar los 3 millones de dólares en el mercado internacional.

Asimismo podrán participar de la audiencia de revisión de medidas los fiscales del presente caso, quienes ya con anterioridad mencionaron que la conducta del funcionario de la Dinac es grave debido a que el imputado ocupa un cargo de jefatura.

Puede interesar: Investigan supuestos privilegios de exdirector del INDERT en granja penitenciaria

De acuerdo a la carpeta fiscal, los hechos punibles imputados son considerados graves, agravados por la condición del procesado como funcionario de la principal terminal aérea del país. En la misma causa también están imputados Fernando Antonio Peralta Zaván y Aquiles José Denis di Lascio, quienes presuntamente debían abordar el vuelo con destino a Panamá portando los lingotes de oro.

La Fiscalía sostiene que la responsabilidad de Gustavo Ismael Britos es de extrema gravedad, dado que contaba con acceso a todas las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Se presume que Britos, valiéndose de su cargo, logró burlar los controles de seguridad para introducir los lingotes que tenían como destino final Panamá. Este relato fáctico deberá ser evaluado por el juez Estigarribia para determinar si corresponde ratificar la prisión preventiva o conceder una medida menos gravosa para el imputado.

La Sociedad Paraguaya de Oftalmología, con el apoyo del Hospital Regional de Caacupé y otras instituciones aliadas, llevarán adelante una jornada de cirugía gratuita, que iniciará el próximo domingo 15 de marzo con la selección de los pacientes beneficiados.

En tanto que las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo en las instalaciones del hospital.

Las personas interesadas en participar deben solicitar información o agendar su consulta comunicándose al número 0981 304 770, con la Lic. Margaret Benítez, encargada del Servicio Social del Hospital.

La campaña “Por un Paraguay sin ceguera” es una iniciativa de salud ocular, la cual busca reducir la discapacidad visual, principalmente mediante cirugías gratuitas de cataratas.

La campaña se despliega periódicamente en diferentes puntos del país, ya que busca facilitar el acceso a tratamientos oftalmológicos a personas de escasos recursos, enfocándose en la detección y tratamiento oportuno de afecciones que pueden derivar en ceguera irreversible si no es tratada a tiempo.

La comitiva encabezada por la agente fiscal Dominica Zayas Acevedo, fue recibida por el director del centro penitenciario, Juan Taboada, quien entregó el permiso otorgado al condenado y demás documentos. La unidad a cargo solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de Crimen Organizado n.º 3 la realización de diligencias relacionadas con el caso.

Una denuncia pública refiere presuntas irregularidades en la Granja Penitenciaria de Régimen Semiabierto Ko’ē Pyahu, situada en el barrio Tacumbú de Asunción, vinculadas con el otorgamiento y control de salidas transitorias a favor de una persona privada de libertad.

Puede interesar: Desarticulan foco de microtráfico en cercanías de una plaza en San Lorenzo

El caso involucra a Pedro Enrique Gómez de la Fuente Antúnez, exdirector de la Región Occidental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien cumple una condena de tres años y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión. La sentencia se encuentra firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa.

Cabe señalar que la Granja Penitenciaria Ko’ē Pyahu funciona bajo un régimen semiabierto, destinado a personas privadas de libertad que reúnen determinadas condiciones, entre ellas buena conducta y una etapa avanzada de cumplimiento de la condena, lo que permite el acceso a salidas transitorias bajo requisitos y controles específicos.