Unos 4.000 niños siguen sin recibir el alimento nutricional, mientras unas 80 cocineras se encuentran desempleadas y desesperadas por la crítica situación que están atravesando, que se vio aún más afectadas por las continuas lluvias y comunidades aisladas.

La Resolución 855/19 de llamado para el almuerzo escolar expresa, entre otras cosas, que la Gobernación ha incurrido en irregularidades al incluir en el pliego condiciones que se contraponen a la Ley 2051/03. Con este dictamen, la Gobernación se ve obligada a reformular el llamado ajustándolo a los preceptos legales que norman la materia.

En cuanto a la Resolución Nº 914/19 hace lugar a las objeciones presentadas por dos empresas contra el pliego de bases y condiciones de la merienda escolar e insta a la Gobernación a “ordenar la modificación de los requerimientos” de la licitación conforme al introducción.

“Está situación de que se dilata el llamado de merienda y almuerzo escolar afecta a muchísimas personas directa e indirectamente. A los 4 mil niños hay que sumar las cocineras que están sin empleo, así como los productores locales. Todo es por culpa de gestión del Gobernador Mino Adorno”, acusó el ex concejal Alcibiades Rodríguez.

El gobernador Mino Adorno, había dilatado originalmente el proceso para preparar a amigos, correligionarios y parientes para que ellos mismos sean los reales proveedores del servicio en las escuelas, según comentaron las propias cocineras que están sin empleo actualmente.

El negocio de almuerzo y merienda escolar mueve unos Gs. 24.000 millones. La negligencia y falta de gestión del Gobernador Mino Adorno hace que hasta la fecha los alumnos no puedan acceder a los alimentos. Este hecho grave afecta a más de 4.000 niños que están sin comer en las 33 instituciones públicas de los 4 distritos del lejano departamento. A todo esto se suma, la falta de dinero que recibían los proveedores locales de alimentos frescos.

IRREGULARIDADES:

Todo hace presumir que los técnicos de Contrataciones Públicas detectaron las maniobras para que el Gobernador Adorno dirija el llamado de licitación a sus amigos de turno ya que la resolución de la DNCP, ID: 355405, “ordena la reformulación del pbc con respecto a:

1. La Dirección Técnica debe ser ejercida por cualquiera de los profesionales habilitados para el efecto y no limitar a que sea únicamente Tecnólogos.

2. El % de compra mínima de Agricultura Familiar debe ser 10% conforme a la aprobación del Ministerio de Educación, actualmente pide 20%

3- El depósito debe ser exigido solo para la firma del Contrato con el Proveedor y no para el oferente.

4- Establece condiciones que corresponde a la provisión de Catering, tiene que realizar la aclaración respectiva.

5. Preferencia departamental ya fue modificado por Adenda

Trascendió que la exigencia que puso el Gobernado r Adorno en el pliego de base de contar con local propio en el departamento sería para beneficiar a un familiar que cuenta con una ferretería y un depósito, que anteriormente ya estaba involucrado en irregularidades en la localidad de Fuerte Olimpo, detalló el ex edil Rodríguez.

Ante todas las evidencias de irregularidades y direccionamiento del gran negociado del llamado a la provisión de almuerzo y merienda escolar que está en “estado actual: Impugnado Con suspensión”; el DNCP ordenó en ambas resoluciones “la Reformulación del Pliego de bases y condiciones en virtud a las graves irregularidades detectadas”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.