En fila uno al lado del otro bajo una carpa de plásticos y banderas paraguayas y brasileñas, los ciudadanos indicaron que están decididos a quedarse hasta que el Estado les dé una solución a sus reclamos.

Otras tres mujeres y un anciano se han ofrecido a sumarse al particular modo de protesta la próxima semana, dijeron.

“Lo que más duele es pasar la Navidad acá sin ver a la familia, es triste escuchar la música navideña en la radio”, manifestó Rosa Cáceres de 52 años, cuyo marido, extrabajador de la represa, se encuentra enfermo en Ciudad del Este, a unos 400 kilómetros de Asunción, y al cargo de sus diez hijos y cinco nietos.

Cáceres confiesa que en realidad también le duelen los clavos. “Es muy doloroso porque por accidente me clavaron dos dedos juntos, pero se aguanta”, aseguró.

“Los hombres ya llevaban una semana y no cambiaba nada, yo vine para que se ablande el corazón de los duros. Nos crucificamos porque Dios se crucificó para salvarnos a todos”, dijo la mujer.

Los otros crucificados, Roberto Rosales, de 61 años, Roque Samudio, de 58, y Gerardo Orué, de 49, se sienten algo más agotados que Cáceres pero aseguran que continuarán por su reclamo: que se les paguen los beneficios retroactivos contemplados en el protocolo de 1974, que sí cobraron los brasileños que participaron en la construcción de la represa de mayor producción del mundo.

“Dios quiera que nuestro presidente nos ayudara y pudiéramos pasar la Navidad con la familia. Siempre hay esperanza”, declaró Roberto Rosales desde su cruz apoyada en el suelo rodeada de un altar con un esmerado Belén navideño.

“Vamos a pasar Navidad, Año Nuevo, los Reyes y todo si no vienen soluciones”, dijo Teodorico Franco, un portavoz de la coordinadora de extrabajadores de Itaipú y contratistas que agrupa a 9.500 exempleados, de los casi 40.000 que levantaron la represa.

Según Franco, el asesor jurídico del presidente Horacio Cartes, Sergio Godoy, les dijo a los extrabajadores que ya entregó el documento con los reclamos a Itaipú.

“Y estamos esperando la respuesta de Itaipú hasta este momento y nadie apareció. Si no viene solución no nos vamos a ir de acá, vamos a morir todos acá”, declaró el hombre.

La crucifixión va acompañada de la abstinencia de alimentos sólidos, con el objeto de disminuir las defecaciones, e incluso racionar la cantidad de líquido para orinar lo menos posible y no provocar movimientos bruscos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.