La jefa del Departamento Jurídico de la Policía Nacional, Luz Núñez de Ocampo, remitió una nota al juez Rubén Ayala Brun, para solicitarle que prohíba la visita conyugal de Gloria Rossana López al supuesto narcotraficante Javier “Cucho” Cabaña en su lugar de reclusión.

El motivo esgrimido es que la dependencia policial no es una cárcel y esto conlleva a que se puedan perpetrar hechos punibles contra la vida e integridad física de los visitantes. Tal como ocurrió en el interior de la celda de Marcelo “Piloto” Pinheiro, donde fue asesinada brutalmente la joven Lidia Meza.

Así también, Núñez de Ocampo requiere al magistrado que restrinja el acceso a los medios de prensa, al argumentar la peligrosidad que representa la persona investigada por la supuesta comisión de los hechos punibles de tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para el tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero.

La periodista del área judicial, Cristina Martínez, mencionó a la 970 AM que este es el primer pedido que recibe el juzgado, pero que se solicitaría lo mismo para los demás 147 internos de la Agrupación Especializada.

JUEZ ANALIZA LA SOLICITUD

El juez Rubén Ayala Brún sostuvo a la radio 780 AM que no aprobó aun la prohibición de acceso de visitantes en el cuartel policial y que se encuentra analizando la solicitud que le hicieron desde las esferas policiales.

Respecto a la denuncia de Marcial Valdez, abogado de Reinaldo “Cucho” Cabaña, sobre la prohibición de acceso junto a su cliente, el magistrado señaló que dicho procedimiento está mal aplicado atendiendo que se trata de la defensa, aunque añadió que se debe escuchar el argumento de la Policía Nacional, sin descartar que pudiera tratarse de una postura emitida por cuestiones de seguridad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.