La operación con la empresa argentina se registró durante la gestión de Juan González Meyer al frente de Petropar y Gerardo Von Glasenapp como gerente general de la petrolera estatal. La maniobra para el llamado a licitación comenzó a traer sospechas sobre la firma adjudicada.

Arreciaron las denuncias, sobre todo cuando se supo que PDVSA tenía una mejor oferta, pero llamativamente fue excluída. Texos Oil ofreció un premio de US$ 581 por m3, mientras que la petrolera venezolana daba US$ 625 por m3.

Las denuncias de supuestos amaños para beneficiar a Texos Oil hicieron que en el año 2010 el jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petropar, Federico Salgueiro, solicite que se anule la adjudicación antes de la firma del contrato con la empresa Texos Oil, con el sólido argumento que la firma no reunía las condiciones financieras, tenía un capital de apenas 10.000 pesos argentinos y nula experiencia en materia petrolera.

La empresa argentina no pudo demostrar ningún antecedente comercial, ni referencias comerciales de sus principales proveedores, ni referencias bancarias ni tampoco operaciones de igual envergadura tal como lo exigía el pliego de bases y condiciones.

Lo cierto, de acuerdo a los antecedentes del caso, es que la firma argentina no tenía ninguna experiencia en el negocio petrolero al momento de presentarse en la licitación, y ofertó a sabiendas que no cumplía con los requisitos.

Texos Oil ocultó que tras la oferta, no cumplió acabadamente con la presentación de los documentos adicionales previstos en el pliego para el oferente ganador. Estos hechos fueron ocultados en la presentación hecha ante los tribunales argentinos donde esta empresa demandó a PETROPAR y obtuvo inicialmente el embargo de los bienes inmuebles que la entidad paraguaya posee en el Distrito de Zárate, Provincia de Buenos Aires, sobre el Río Paraná.

El monto del embargo fue de 46 millones de pesos argentinos (aproximadamente US$ 3,5 millones), en concepto de capital, intereses y costas. Además de esta acción judicial, también intentaron embargar las cuentas bancarias de PETROPAR en nuestro país.

En febrero de 2016, PETROPAR obtuvo primero el levantamiento de los embargos y por resolución del 16 de mayo de 2017, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Cuarta de la Nación Argentina, falló a favor de Petropar, confirmando la incompetencia de los Tribunales Argentinos en el juicio sobre daños y perjuicios promovido por la firma TEXOS S.R.L

En el año 2011 y sin agotar las instancias administrativas locales Texos Oil presenta una demanda contra Petropar por supuestos daños y perjuicios, pérdida de oportunidad y lucro cesante y solicitó un resarcimiento económico de unos US$ 31 millones.

¿Corresponde la demanda contra Petropar?

Los dictámenes jurídicos de administraciones anteriores además de la defensa ejercida por Petropar ante los tribunales argentinos exponen contundentes argumentos a favor del rechazo de la demanda.

Ante una contratación de tal envergadura, frente a una empresa sin domicilio en Paraguay, ni representación local, ni patrimonio, ni antecedentes, ni referencias, es lógico que la convocante a la licitación despliegue sus atribuciones y competencias para realizar un análisis pormenorizado de la capacidad técnica y financiera del oferente, a fin de asegurar la provisión efectiva de los bienes licitados salvaguardando suficientemente los intereses del Estado Paraguayo.

En el derecho administrativo rige el principio “seguridad en las contrataciones públicas” por el cual toda inversión financiera debe traducirse en un beneficio para los intereses públicos. La resolución por la cual se canceló la adjudicación a favor de Texos tuvo como principal argumento la falta de idoneidad del oferente, PETROPAR se vio obligada a ejercer las atribuciones legales que le confiere el articulo 31 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que señala:

“Las Convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o ejecutar las obras, o que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades, en todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna “

La resolución de Petropar que revocó la adjudicación y canceló la licitación en Paraguay precauteló los intereses del Estado paraguayo, además no fue impugnada debidamente en sede administrativa:

– Ni ante la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) ―donde tuvo que haber formulado protesta dentro de los diez días de dictada la resolución de acuerdo al Art. 79 de la Ley N° 2051/03.

– Ni ante el Tribunal de Cuentas donde tampoco se presentó impugnación dentro de los dieciocho días establecidos por la Ley.

La posición de Petropar es respaldada por principios legales y la doctrina vigente que señala la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos, lo cual se traduce en la presunción que la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico y subsiste hasta tanto se declare lo contrario por el órgano competente. Por ende, por razones de seguridad jurídica y carencia de impugnación adecuada, la resolución de Petropar quedó firme.

A todas luces sobran los argumentos jurídicos para rechazar la demanda planteada por la empresa argentina que pretende despojar al estado paraguayo de una sideral e injustificada suma de dinero.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.