En entrevista con el canal GEN, el economista César Barreto destacó que es necesario regular el manejo de las caja jubilatorias y controlar la forma en que invierten el dinero de los aportantes. Esto será posible mediante la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

El entrevistado sostuvo que muchas cajas son inviables para cumplir sus compromisos en los próximos años. “Hace falta esto, es un sector que está descontrolado desde hace año, se convirtió un sector de privilegiados, es un sistema que no funciona porque no llega a toda la fuerza laboral”, dijo.

Barreto indicó que le llama la atención que la caja de la ANDE haya prestado 10 mil millones de guaraníes a una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos que hace 8 meses no paga su deuda, siendo que ni los bancos acostumbran a aceptar realizar un acuerdo de dicha envergadura, por el alto riesgo que conlleva recuperar esa cantidad de plata prestada.

“Una caja no puede hacer eso, no está diseñada para eso. Evaluar un crédito implica tener conocimiento de la actividad de la empresa a la que se prestará, se hace un seguimiento de muchos años, se empieza dando montos más pequeños y luego se va dando más cuando se ve el crecimiento de la empresa”, dijo.

Sostuvo que esta situación de la ANDE estaría ocurriendo en muchas cajas jubilatorias y que en la mayoría de las veces termina en operaciones fraudulentas, ante los pocos activos que tienen las empresas que reciben los millonarios créditos y por consiguiente en la baja capacidad para cumplir su compromiso de devolución. “Las empresas recurren a las cajas porque no tienen luego crédito en el sistema financiero por alguna razón. Las instituciones no tienen la capacidad adecuada para analizar la capacidad de pago para darle un monto. Realmente es preocupante, no sabía que la caja de la ANDE otorgó semejante cantidad de dinero. Muy pocos bancos dan un crédito 10 mil millones de guaraníes a una empresa por el nivel de nuestra economía”, agregó.

Por otro lado, respecto a los cuestionamientos que existe sobre los alcances del proyecto de ley, el economista sostuvo que existe preocupación en ciertos sectores referente a que el Estado paraguayo utilice los fondos del IPS. Si bien aclaró que todos los fondos de pensiones del mundo invierten en los fondos locales (del Tesoro) porque son más seguros, en este caso el debate debe centrarse en el control a las cajas, por lo que a su parecer sería conveniente sacar de la propuesta la posibilidad de que la provisional compre bonos del Estado.

Indicó que, como el IPS está administrado por el Estado y hay un posible conflicto de intereses, se debería establecer mecanismos de blindaje, lo cual puede darse cuando se analice la reforma del IPS. Por ejemplo, que se limite cuánto debe comprar de una emisión de bonos, por ejemplo que solo pueda adquirir el 20%.

Por último sostuvo que es mentira que las cajas sea de sus aportantes, ya que el garante último es el Estado, porque si quiebra la caja, se tendrán que poner los fondos públicos para seguir pagando a los jubilados, como se hizo con la caja bancaria en años anteriores.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.