El abogado Carlos Palacios, representante legal del expresidente, mencionó al canal Gen y radio Universo que tomó conocimiento de las expresiones vertidas por Arnaldo Giuzzio en sus redes sociales sobre el recibimiento de un supuesto pedido de informes de parte de una fiscal panameña, pero sin ahondar en detalles.

Refirió que la presunción que se tiene es que, de ser cierta la información, podría tener vinculación con el caso “Pandora Papers”, que en su momento fue debidamente explicado y aclarado. Esto lo argumentó tras escuchar al fiscal Manuel Doldán, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, quien mencionó que en el mes de noviembre recibió requerimientos sobre diferentes personas en el marco de cooperación, pero bajo la confidencialidad de no publicar nombres.

“Nos llamó la atención que si era confidencial, por qué el ministro sale a decir esta noticia. Es un asunto que debe dirimirse en el ámbito fiscal-judicial. Si fuese algo sigiloso, ¿Cómo esto llega a manos del Ministerio del Interior? Si es que fuese real el pedido de informe, esta actuación demuestra un manejo poco serio de parte del ministro si es que tuvo acceso a información privilegiada y confidencial, es una falta de seriedad”, arremetió.

Sobre el caso de Pandora Papers, el abogado refirió que es un tema que fue aclarado en su momento. “Era un negocio para la adquisición de una sociedad para hacer una inversión en inmueble, algo totalmente lícito. El señor Cartes nunca realizó negocios y operaciones allá en Panamá”, dijo. Se trata de la adquisición de una sociedad panameña en el 2011 con el propósito de adquirir una propiedad en el estado de La Florida, Estados Unidos.

Recordó además que este caso se utilizó con fines mediáticos y políticos, ya que el propio Efraín Alegre llegó a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, y la representación legal del HC respondió todo a la Fiscalía.

“Nosotros no tenemos preocupación que tenga alguna repercusión, Giuzzio lo difundió claramente con fines políticos”, dijo por último el abogado.

Días atrás, Arnaldo Giuzzio habló de un supuesto pedido de la fiscal panameña, Lizzie Bonilla, sobre los antecedentes policiales, judiciales y financieros del expresidente de la República, Horacio Cartes.

Al respecto, de las declaraciones del ministro Giuzzio, el agente fiscal Manuel Doldán, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, explico que él posee a su cargo un pedido de asistencia jurídica formal con cláusula de confidencialidad, pero no tiene relación alguna al expresidente. “Lo que yo tengo, no tiene nada que ver con lo que están publicando”, señaló.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.