En entrevista con Radio Monumental, la doctora Candia habló sobre el manejo de pacientes con COVID-19 y manifestó que cuando una persona tiene una fiebre persistente posee mayor riesgo de sufrir complicaciones, por lo que tiene que considerarse como un signo de alarma.

Asimismo, señaló que ningún paciente puede ser dado de alta teniendo neumonía y sin recibir el tratamiento adecuado. “Si tiene una tomografía en la que vemos infiltrados pulmonares, no le podemos mandar a casa, ese es un paciente en quien tenemos que iniciar un tratamiento antiviral y monitorearle de cerca”, acotó.

La profesional también habló sobre la medicación para cuadros COVID y sostuvo que se sigue medicando de forma inapropiada a los pacientes, suministrándoles -por ejemplo- corticoides que son drogas antiinflamatorias muy potentes que pueden llegar a ser útiles pero solo si se utilizan en el momento indicado.

En pacientes con COVID-19 leve no se aconseja utilizar prednisona, dexametasona, hidrocortisona, entre otros, ni tampoco en la primera semana de la infección ya que esto puede retrasar la eliminación del virus en el organismo, explicó.

“Si tu médico te recetó prednisona el día 1 de la enfermedad, cambiá de médico”, afirmó de manera tajante Candia.

De igual manera, dijo que no se recomienda el uso de ivermectina, hidroxicloroquina, favipiravir, de anticoagulantes orales como rivaroxaban y dabigatran o de antibióticos, incluyendo la azitromicina o levofloxacina. Todos ellos hoy día están siendo prescritos a los pacientes, pese a las contraindicaciones.

“Estamos viendo pésimos manejos de pacientes con COVID-19 leve”, aseguró Candia a la 1080 AM, cuestionando la utilización de estos fármacos de manera desmedida.

En el caso puntual del favipiravir, explicó que es un antiviral que, de acuerdo a dos estudios clínicos, se ha demostrado que podría retrasar la progresión de la enfermedad, pero no está comprobado en un 100%. Ni la Asociación Panamericana de Infectología ni la Sociedad Paraguaya de Infectología han avalado su uso en pacientes COVID, añadió.

Por su parte, el baricitinib es una droga supresora que tiene un costo que ronda los G. 9 millones y solo está indicada en pacientes con COVID-19 en estado grave y que no pueden recibir corticoides por contraindicación.

“Si no tenemos un detalle clínico en el que esta conclusión pueda utilizarse después como un estándar de tratamiento, no es posible”, enfatizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.