El abogado, docente y experto en acceso a la información pública José “Pepe” Costa analizó el más reciente caso de coimas en el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) y su vínculo con el trabajo de la prensa.

A través de una publicación en su blog titulada “Presunción de Culpabilidad”, el mismo reflexiona sobre “un derecho humano fundamental que estamos perdiendo peligrosa y aceleradamente en nuestra sociedad: la garantía de la presunción de inocencia”.

En su escrito, hace una comparación con el proceso penal implementado durante la época medieval (en el que una persona podía ser acusada de hechicera o bruja sin tener pruebas y sin derecho a la defensa) y la forma en la que la opinión pública apunta contra estos periodistas que figuran en la famosa “agenda” del Gral. Ramón Benítez.

“Los nombres ‘filtrados’ de periodistas y reporteros son la comidilla de un periodismo antiético y populachero que no será capaz nunca de ejercer la crítica contra autoridades, fiscales, policías e investigadores judiciales que infringen alevosamente normas constitucionales y del código procesal penal al informar detalles de una investigación que debieran permanecer bajo reserva. Las ansias de “figuretear”, el amor desmedido por los flashes y las cámaras y, muchas veces, un esquema extorsivo subyacente, convierten a fiscales y policías en vulgares chismosos antes que en autoridades que deban concentrar su trabajo en hallar la verdad para sancionar correcta y oportunamente a quienes resulten culpables del delito. Y el vicio de la primicia sin comprobación, los afanes mórbidos por la noticia amarilla, han hecho de muchos medios y periodistas simples engranajes en la industria del chisme, la infamia y hasta la mentira. En la filtrada lista, no faltan quienes sucumbieron a este tipo de shows que ni siquiera puede llamarse periodismo”, expresa Costa.

El docente y abogado sostiene que no son sólo los periodistas los que tienen ese derecho sagrado que debe ser respetado por todos, incluso por los propios medios y comunicadores, sino también todos los ciudadanos deben gozar ampliamente del derecho a la presunción de inocencia.

De igual forma, refiere que “es imperativo para la democracia, para una sociedad justa, que a cualquier persona -independiente de su color, raza, sexo, religión, ideología, partido o forma de pensamiento- este derecho le sea plenamente garantizado”.

“Frente a todo esto, el periodismo verdaderamente crítico está cada vez más ausente. Lamentablemente. Y el que sigue multiplicándose es un periodismo preso de impudicias, sensacionalismo y superficialidades”, expresa Pepe Costa en su publicación, cuestionando la forma en la que los medios de comunicación están planteando la cuestión.

A su criterio, se debería evitar y repudiar “el periodismo que olvida la ética, que prefiere la primicia sin corroborar antes que la responsabilidad en el manejo informativo, que no repara en honras ajenas al tratar la noticia y que no busca la verdad sino solamente el impacto y la emoción”.

“Las ‘filtraciones’ de nombres de periodistas supuestamente sobornados resultan hoy buenas excusas para hablar y advertir sobre este proceso de deshumanización y medievalización de nuestra sociedad. Si no paramos esto, las hogueras y la horca pública serán la amenaza para cualquiera de nosotros, no importa si seamos culpables o inocentes. Bastará que algún corrupto o enemigo ponga nuestro nombre en una agenda, y el “sistema” hará el resto”, reza la parte final del escrito.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.