Según datos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), el río Paraguay a su paso por Asunción registró este martes una altura de 4,05 metros, por debajo del nivel mínimo de alerta amarilla, que es de cuatro metros y medio.

La altura del río es la mitad de la que alcanzó entre diciembre y enero de este año, cuando se situó en casi 8 metros, por lo que muchas familias están ahora regresando a sus hogares.

Sin embargo, al volver a casa encuentran la basura que dejó el río, y no disponen de agua potable ni de conexión eléctrica, dijo hoy a Efe Carmen Castillo, integrante de la Coordinadora de Defensa Comunitaria (Codeco), que representa a pobladores de los Bañados, los dos barrios más afectados por la crecida del río.

Los bañadenses se manifestaron esta mañana para reclamar al gobierno municipal que vuelva a brindar servicios de limpieza y conexión eléctrica y de agua a los vecinos de la zona.

También denunciaron que varias máquinas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) han comenzado a trabajar junto a sus viviendas para construir la prolongación de la avenida Costanera, que discurrirá junto al río.

Castillo lamentó la falta de información a los pobladores sobre la construcción de la franja costera, y dijo que este proyecto no tiene en cuenta el arraigo de los bañadenses desde hace décadas, sino que solo busca desplazarlos.

Agregó que los Fondos de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), que financian parte de la ejecución del proyecto, no contemplan la reubicación o la indemnización de los pobladores de este área.

Dijo además que las cerca de 500 personas que viven en el Banco San Miguel, una zona ribereña calificada como reserva ecológica, corren el riesgo de quedar “aisladas” entre el río y la futura avenida Costanera, que se levantaría varios metros por encima del nivel del agua.

“El proyecto solo tiene en cuenta la parte de infraestructura, no la parte social. No les importa la gente de los Bañados, solo quieren rellenar el terreno para la especulación inmobiliaria, y hacer que la zona quede para ricos y empresarios”, declaró Castillo.

En contrapartida, las organizaciones sociales de los Bañados proponen al MOPC un proyecto de defensa costera, que aseguran que permitirá proteger a los barrios ribereños frente a las crecidas del río Paraguay, y permitirá a sus habitantes permanecer en sus territorios.

Este martes se tuvo conocimiento sobre el trágico fallecimiento de un bebé de 2 meses de vida en la zona de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Los datos refieren que el menor llegó sin signos de vida al Hospital Regional de CDE, donde fue atendido por los profesionales de blanco que ya nada pudieron hacer para salvarlo.

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Los médicos del hospital dieron aviso a la Fiscalía, que tomó intervención para investigar las causas del deceso del bebé. El informe del forense habla de una muerte por broncoaspiración.

Según la fiscal Carolina Rosa Gadea, se sospecha que el niño habría muerto al ahogarse con su propio vómito mientras estaba siendo amamantado por su madre.

Los padres de la víctima serían adictos a las drogas y actualmente residen en el asentamiento Belén del Km 4,5 de Ciudad del Este.

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Los demás hijos de la pareja (todos menores de edad) presentan lesiones y quemaduras en algunas partes del cuerpo, lo cual hace presumir que eran sometidos a maltratos físicos.

La madre del bebé acabó detenida ya que, a criterio de la fiscal Gadea, existe peligro de fuga. La misma se expone a un proceso penal por falta al deber del cuidado.

Los trabajos se realizan en el marco del Convenio de Cooperación entre la Ande y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Durante el inicio de los trabajos, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión agradeció a la ANDE por este proyecto de gran importancia que tendrá un impacto positivo en la ciudadanía en general, ya que el Parque Ñu Guasu junto con el Parque Guasu, recibe entre 40,000 y 60,000 visitas mensuales. Además, destacó que este trabajo es un paso inicial para continuar con el mejoramiento de las instalaciones en otros espacios administrados por la institución.

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Por su parte, el Ing. Félix Sosa, titular de la Ande, señaló que, por pedido de la ministra Claudia Centurión y en el marco de una cooperación entre ambas instituciones, se logra concretar este gran proyecto que proporcionará mayor seguridad a la ciudadanía con la modernización del sistema de iluminación pública y de distribución eléctrica. Además refirió que esta modernización permitirá una mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental.

Estos trabajos incluirán la instalación de 276 artefactos de alumbrado público con tecnología LED tipo 6 de 190 W, con lo cual se logrará un mayor ahorro energético y una mayor eficiencia, además de ser amigable con el medio ambiente al no ser contaminante. También se llevará a cabo el cambio de 1.075 metros de conductores desnudos a protegidos en Baja Tensión, así como 851 metros de conductores desnudos a protegidos en Media Tensión. Asimismo, se procederá al retiro de los conductores desnudos y los artefactos obsoletos.

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El proyecto es ejecutado a través de la Licitación Pública Nacional Nro. 1743/23 contrato Nro. 9398/24 (Hombre Hora Padrón) HHPO bajo la modalidad de contrato abierto y es llevado a cabo por el Consorcio TEI mediante una inversión con fondos propios de ANDE, de G. 800.905.130.

La culminación de estas tareas que serán supervisadas por el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la Dirección de Distribución, se tiene prevista en un plazo no mayor de 30 días.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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