Con estos datos, la Dirección de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Asunción estima que el Operativo Retorno de estas familias, iniciado hace una semana, ya ha alcanzado al 40 % de las más de 60.000 personas que continuaban desplazadas de sus hogares, declaró a Efe Aníbal Arias, miembro de este departamento.

Pese a ello, unas 40.000 personas permanecen todavía refugiadas en precarias casetas de madera y chapa diseminadas por parques, paseos centrales de las calles, plazas y otros espacios públicos, así como en predios militares.

Algunos refugios, como el que funcionaba en la plaza Expopar, en el barrio Republicano de Asunción, ya han quedado prácticamente despoblados, y las tareas de la Municipalidad se centran en la limpieza y la retirada de escombros para rehabilitar el parque, según Arias.

El técnico admite que en esta zona los vecinos, en su mayoría de un nivel económico medio-alto, reclamaron con frecuencia a la Municipalidad que desalojara de las plazas del barrio a los damnificados por las inundaciones, que proceden de los barrios empobrecidos de la capital.

En otros espacios, como la cancha de tierra del club deportivo Pablo Rojas, en el mismo barrio, se refugiaron más de 1.600 personas entre diciembre y enero, cuando la crecida del río Paraguay alcanzó su nivel crítico, con 7,88 metros de altura a su paso por Asunción, y decenas de miles de hogares anegados de agua.

Hoy apenas quedan en esta cancha las casetas de tres familias, y los funcionarios municipales ayudan a algunas de ellas a desmontar sus refugios provisionales y cargar sus muebles en camionetas, para trasladarlos de vuelta a sus casas.

Es el caso de Leticia Cabral, del barrio ribereño de Caacupemí, que hoy, después de nueve meses desplazada, desclava los puntales de madera que sostienen las paredes y el techo de la caseta, con cuidado de no dañar los materiales, ya que dice que no sabe si los volverá a necesitar en caso de que el río vuelva a desbordarse.

Aseguró que, una vez regrese a casa, tendrá que volver a conectar la instalación eléctrica, el agua potable y otros servicios que quedaron interrumpidos a raíz de la inundación, además de limpiar el barro y otros residuos que el río trajo hasta el patio de su vivienda.

La Municipalidad presta su apoyo en estas tareas, así como en el arreglo de las calles y la canalización de arroyos, ya que barrios enteros quedaron “devastados” después de “tres grandes inundaciones consecutivas”, la última de ellas en diciembre, y que fue la mayor registrada desde 1982, según Arias.

Sin embargo, la recuperación de estos lugares es lenta, y aunque en muchas zonas el agua ya se ha retirado, continúan rebasadas de barro y residuos, como sucede en los barrios cercanos al vertedero de Cateura, donde muchas familias cruzan canales repletos de basura con sus colchones y muebles a cuestas, hasta llegar de regreso a sus casas.

En diciembre de 2015, cerca de 100.000 personas, en su mayoría procedentes de los Bañados, los barrios ribereños de Asunción, tuvieron que abandonar sus casas por la crecida estacional del río Paraguay, que se vio agravada por el fenómeno climático de El Niño.

El Gobierno paraguayo solicitó a los afectados por estas inundaciones que permanecieran refugiados en casetas ubicadas en espacios públicos y recintos militares, y les pidió que no regresaran a sus hogares, en previsión de que las inundaciones se agravaran en junio.

Sin embargo, a lo largo de este mes el nivel del río continuó con su tendencia descendente y se aproximó a su caudal normal, por lo que muchos pobladores han logrado al fin regresar a casa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.