La Cámara de Diputados agotó el estudio en particular del Proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley N° 5.016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.

Durante el tratamiento del artículo 60 se produjo un intenso debate acerca de algunos incisos que fueron cuestionados por varios legisladores.

En el apartado relativo a las “Prohibiciones en la vía pública”, no corrió la intención de eliminar la prohibición de circular con defensas delanteras y traseras, y enganches sobresalientes, y tampoco prohibir la instalación de inhibidores de radares en los vehículos.

El inciso “X” fue testado, posteriormente, por moción del parlamentario Eber Ovelar. Ese punto hablaba de exceptuar a los transportes públicos de la prohibición de instalar en los tableros monitores, pantallas, etc.

El artículo 87, referente al análisis estadístico para prevención de accidentes, fue aprobado con modificaciones, a fin de evitar testar el último párrafo que estipula que “en los siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad justifiquen, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial ordenará una investigación técnico-administrativa, a realizarse por funcionarios especializados de la misma. En todos los casos deberán observarse la garantía del debido proceso”.

Para salvaguardar el documento y las investigaciones, tanto en lo penal, como en lo administrativo y sumarial, se agregó una última línea que apunta cuanto sigue: “sin perjuicio de las investigaciones efectuadas en otros ámbitos”.

RETENCIÓN DE LICENCIAS Y RODADOS

En lo que respecta a este segmento de la Ley, tras un largo debate, el plenario decidió aprobar las modificaciones en el numeral 6°, sugeridas por el presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Bernardo Villalba.

Con estos cambios, se establece que cuando un vehículo retenido no fuera retirado por su propietario o responsable, en un plazo de seis meses, el rodado podrá ser rematado. Del monto obtenido en el remate se descontará al propietario el costo de la multa, y el saldo será entregado al dueño del vehículo rematado.

Inicialmente, el diputado Dionisio Amarilla pidió testar este numeral, teniendo en cuenta que lo considera un procedimiento arbitrario y de tinte inconstitucional.

Los parlamentarios que estaban a favor del punto indicaron que el 40 por ciento de las motos retenidas son abandonadas, y eso se convierte en todo un costo para el municipio, pues debe arrendar un inmueble para guardar esas motocicletas.

SOMETIMIENTO A PRUEBAS

El artículo 95, de obligación de sometimiento a pruebas, fue aprobado con modificaciones. El primer párrafo quedó definido, básicamente, con la siguiente especificación: “Todo conductor que sea sorprendido en los presupuestos de la causa probable de la comisión de un hecho punible…”.

ALCOHOL PERMITIDO

En el artículo 141, que modifica, a su vez, el artículo 217 de la Ley 1.160/97, “Código Penal Paraguayo”, los legisladores debatieron sobre la graduación mínima de alcohol permitida y las sanciones por faltas leves y graves.

La redacción quedó como sigue: “(El que) condujera en la vía pública un vehículo habiendo consumido sustancias, drogas prohibidas o sicotrópicas legales, o no, o bebida alcohólica siendo su graduación desde 0.400 mg/L de CAAL o 0.800 g/L de CAS, será considerada falta leve. En los demás, serán consideradas faltas graves y sometidas a las disposiciones del artículo 217 del Código Penal. De esta manera, aquellos infractores de faltas graves también serán sancionados”.

Otro punto que estaba definido es el referente al artículo 17 (de las edades mínimas para obtener la licencia de conducir). El diputado Eber Ovelar planteó una modificación, ya que en principio se establecía la edad de 23 años. Sugirió bajar la edad mínima a 18 años, lo que fue aprobado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.