Además, la encuesta investiga otras variables sociodemográficas, tales como edad, sexo, estado conyugal, educación, salud y empleo. Asimismo, cuenta con información sobre las características de la vivienda, acceso a servicios básicos y tenencia de bienes duraderos.

La muestra total de la EPH 2015 fue de 10.542 hogares que incluye por primera vez a los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. Sin embargo, a fines comparativos con años anteriores, en esta oportunidad se presentarán los resultados de una muestra efectiva de 8.229 hogares en los que se entrevistaron a 30.898 personas de todos los departamentos de la región oriental y Pte. Hayes.

El tamaño muestral de la EPH fue ampliado de 6.000 a 10.542 hogares en el 2015, a fin de cubrir la necesidad de contar con estimaciones de incidencia de pobreza para cada uno de los departamentos, además de disminuir los errores de muestreo.

Con esta muestra más representativa se busca coadyuvar en la toma de mejores decisiones de políticas públicas, tanto al gobierno central como a los gobiernos locales, y a todos los actores involucrados de la sociedad en la lucha contra la pobreza.

Anualmente, la toma de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) – que recopila entre otros datos los de empleo e ingresos- se ejecuta en el último trimestre de cada año, y la entrega de los resultados de la misma, desde el 2014 se realiza en los primeros meses del año siguiente.

La STP subraya que al asumir la actual administración (agosto de 2013) existía un rezago, pues los datos del 2012 no habían sido publicados aún. Dicho retraso fue corregido en los primeros meses del 2014, entregándose conjuntamente los datos del 2012 y 2013.

Resalta además que con ésta administración, entre 33 países de América Latina, Paraguay es uno de los cuatro países que cumplen con tres condiciones esenciales. Publica datos anuales el año siguiente de la toma de datos; tiene el acompañamiento de un comité externo de expertos, y entrega los resultados dentro del primer semestre de cada año.

Para acompañar el proceso y lograr un consenso sobre la metodología de medición de pobreza se conformó un Comité Técnico Interinstitucional con representantes de entidades públicas, organismos internacionales, consultores independientes e investigadores, con las funciones de conocer los diagnósticos, analizar y consensuar propuestas metodológicas y resultados de los análisis presentados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.