La Contraloría señaló que un total de G. 303.877.663.241 del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo que municipios y gobernaciones no gastaron. Es el informe que remitió al Parlamento, para su evaluación y eventual toma de decisión al respecto.
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En ese contexto el Informe de Rendición de Cuentas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) del primer cuatrimestre del año pasado, menciona que la ejecución presupuestaria fue de apenas el 27%, que representan la suma de G. 115.110.014.988.

En total son G. 303.877.663.241 no fueron ejecutados, lo que representa 73% de lo asignado a las 17 gobernaciones y 255 municipalidades de todo el país para Fonacide.

Puntualiza igualmente que fueron ocho los municipios que no presentaron sus respectivas rendiciones de ejecución del Fonacide y son ellos Independencia, Villarrica del Espíritu Santo, Carmen del Paraná, Altos, Jesús de Tavarangue, Santiago, Trinidad y La Colmena.

Los que no ejecutaron sus proyectos o programas financiados con recursos del Fonacide, fueron Loreto, Paso Barreto, San Lázaro, 25 de Diciembre, Unión, Caraguatay, San Bernardino, Valenzuela, Independencia, Capitán Meza, Jesús de Tavarangue, La Paz, Nueva Alborada, Tomás Romero Pereira, Santiago, Paraguarí, Ybytymí, Naranjal, Santa Rosa del Monday, Mbaracayú, Guarambaré, Villa Elisa, Ypacaraí, Desmochados, Pedro Juan Caballero, Katueté, Villa Curuguaty, Puerto Pinasco, Bahía Negra, Filadelfia y Mariscal Estigarribia.

Las gobernaciones de Cordillera y Central tampoco ejecutaron sus recursos disponibles de Fonacide.

Otra arista que desata críticas a varias administraciones es la no ejecución de recursos para compra de alimentos o kits de alimentos, donde figuran 9 gobernaciones: Concepción, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Central, Ñeembucú, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón.

En este grupo están incluidos 160 de las 255 municipalidades de la República, que no ejecutaron ni el 30% del gasto presupuestado y destinado a proyectos de almuerzo escolar.

“Según las rendiciones de cuentas del Fonacide, presentadas en la CGR por las gobernaciones y municipalidades, se verificó que el total de recursos disponibles (saldos iniciales y transferencias recibidas) ascendió a G. 418.987.678.229, de los cuales se ejecutaron G. 115.110.014.988 durante el primer cuatrimestre de 2021, quedando un saldo de 303.877.663.241, que representa el 73% de los recursos disponibles y que no fueron utilizados”, dice el informe de la Contraloría.

La utilización del Fonacide por parte de los gobiernos departamentales, significa que 5 gobernaciones que percibieron mayores ingresos en dicho item, en el primer cuatrimestre del 2021, Ñeembucú, Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Paraguarí, presentaron una ejecución presupuestaria por debajo del 40 por ciento.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.