La Quinta Nápoles fue habilitada al público desde este viernes 1 de febrero, con ofertas de playa y actividades de ocio, por un precio promocional de 20.000 guaraníes. La Municipalidad de Juan E. O’Leary autorizó la apertura al público de manera temporal. La propiedad, ubicada en la costa del lago Yguazú, en la comunidad de Tacuaró, distrito de Juan E. O’Leary, pertenece al procesado por narcotráfico Reinaldo “Cucho” Cabaña, pero fue incautada en setiembre del año pasado cuando fiscales y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron dicha quinta.

La estructura llamó la atención por su gran envergadura y por sus características edilicias, similares a la Hacienda Nápoles del conocido narcotraficante colombiano, ya fallecido, Pablo Escobar.

La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) alquiló la quinta a particulares. La titular, Karina Gómez, informó que el contrato se realizó en forma privada y no se rige por la Dirección de Contrataciones Públicas porque es un bien que todavía pertenece al supuesto narcotraficante, procesado y privado de su libertad.

La Municipalidad de Juan E. O’Leary autorizó la explotación del lugar en forma temporal, solo por sesenta días, pero el contrato de alquiler es de tres años, según confirmó Karina Gómez.

EX ADMINISTRADOR DE CENTU CUÉ

El administrador de la quinta es el abogado Freddy González, quien informó que el complejo no funcionará como un balneario, pero sí como un complejo turístico con playa, hospedajes, parques infantiles y actividades de aventura en la vegetación del entorno. “Iremos habilitando por etapa, por ahora estará disponible la playa, pero las habitaciones todavía no están listas porque encontramos la estructura muy deteriorada y debemos poner en condiciones para tener las piezas disponibles”, dijo el administrador.

Consultado el abogado sobre quién es el adjudicado con la concesión, mencionó que se trata de otra persona, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato. Agregó que junto al citado empresario llegaron a explotar otro complejo, el parador turístico Centu Cué de Villa Florida, Misiones.

La titular de Senabico, Karina Gómez, no dio a conocer la identidad de la persona que alquiló el inmueble. La quinta es una de las doce propiedades en manos de la Senabico tras haber sido allanadas el año pasado durante la Operación Berilo, que desbarató una red de tráfico y lavado que habría estado dirigida por Reinaldo Cabaña. Más de treinta personas están procesadas en la causa, incluyendo al diputado Ulises Quintana.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.