Según Carlos Fernández Valdovinos, es fundamental reconocer que cuando una persona deja de trabajar, su única fuente de recursos generalmente es su jubilación. Por lo tanto, es de vital importancia preservar la seguridad y la estabilidad de esos recursos jubilatorios.

En ese sentido, expuso en entrevista con la radio 650 AM que se trabajó arduamente en un enfoque colaborativo con todos los sectores involucrados. Se buscó la apertura y la transparencia en las discusiones, con el objetivo de alcanzar un consenso que beneficie a todos los ciudadanos. Como resultado de este proceso, se logró establecer una ley que aborda las preocupaciones existentes, según esgrimió.

La situación previa mostraba que muchas cajas de jubilación estaban operando sin seguir reglas claras y definidas. Esto llevó a escándalos y pérdidas significativas para estas instituciones, por lo que era evidente que las condiciones no podían continuar sin una regulación adecuada, de acuerdo con la autoridad. “Básicamente, todo el mundo tenía la opinión de que actualmente, muchas de las cajas están jugando su regla de juego”, dijo.

“De nada sirve haber trabajado 35 años y después cuando uno se retire, quiebra la caja donde estuvo aportando, y hay muchas cajas que están en una situación muy mala por una mala administración por la falta de reglas”, arguyó.

Por lo tanto, se tomó la decisión de consensuar la creación de un órgano regulador que establezca las normas mínimas sobre cómo deben invertirse los recursos jubilatorios. Este enfoque tiene como objetivo evitar futuras pérdidas masivas y garantizar una administración adecuada de los fondos.

El entrevistado aclaró que esta medida no implica que el Consejo regulador no permitirá ninguna inversión. Más bien, se establecerán parámetros máximos que los directivos de las instituciones podrán utilizar como guía dentro de sus decisiones de inversión.

La implementación de esta nueva ley también busca abordar la preocupación de que muchas cajas de jubilación se encuentran en una situación financiera precaria debido a una mala administración y la falta de reglas claras. La ley establecerá límites y pautas que contribuirán a la sostenibilidad a largo plazo de estas instituciones.

Carlos Fernández Valdovinos hace hincapié en que es mucho mejor prevenir que curar. La existencia de directivos procesados judicialmente e incluso encarcelados es una clara señal de que las cosas no se estaban haciendo de la mejor manera en el pasado. Por ello, es imperativo tomar medidas proactivas para evitar futuros problemas y garantizar una gestión adecuada de los recursos jubilatorios.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.