De socios de oración a enemigos acérrimos: “Yo pedí un favor y él también me pidió”

Hoy ambos se acusan de robo de mercaderías y tráfico de influencias.

El senador Martín Arévalo y el director de Aduanas, Julio Fernández, están en el ojo de la tormenta, al protagonizar el quiebre de una relación de amigos de oración. Hoy ambos se acusan de robo de mercaderías y tráfico de influencias.

En entrevista con la radio Universo 970 AM y canal Gen, el senador colorado Martín Arévalo se defendió de la denuncia en su contra presentada por su ahora examigo, el director de Aduanas, Julio Fernández, quien lo acusa de tráfico de influencias al pedirle ascenso de funcionarios y liberación de carga de contrabando.

El legislador asegura que Fernández solo quiere intimidarlo y evitar que el Senado lo investigue por el sospechoso robo de una carga de 3 millones de dólares en un puerto aduanero y la venta de lo que quedó de la misma a un socio del director de Aduanas.

Arévalo indicó que antes tenía una excelente relación con Fernández. “Con Julio compartíamos grupo de oración, ahí surgió mi respeto hacia su persona, pero terminó siendo un mentiroso”, refirió.

“Yo pedí un favor y él también me pidió”, dijo en otro momento cuando se le consultó si efectivamente envió los mensajes que Fernández expuso. Sobre este pedido indicó que el director de Aduanas le solicitó que presente un proyecto de ley a favor de sus funcionarios, pese a que estábamos en la etapa más crítica de la pandemia.

Alegó que todos los políticos, salvo escasas excepciones, solicitan nombramientos en las instituciones del Estado e insistió que hay que centrarse en la mercadería robada, no así en el caso de tráfico de influencias, al considerar que esto último es solo una cortina de humo.

“Soy una persona honesta, porque yo me atreví a investigar lo que sucedía en Aduanas, a destapar la olla, ese badulaque pidió mi destitución. Es grave la complicidad de la Fiscalía. Acá no es solamente que se robó mercadería ajena, sino que también se le robó al Estado. Realmente fue un negociado, donde Julio Fernández fue el responsable del robo de la mercadería”, lanzó.

En otro momento aseguró que es mentira que el funcionario de Aduanas, por quien abogó y cuya mansión fue allanada por la Fiscalía, sea su recaudador.

Por último dijo que continuará presionando para que Fernández sea rajado por las irregularidades cometidas en su administración, pero lamentó que ya perdió su confianza en la Fiscalía porque en agosto del año pasado se denunció el supuesto robo comando, pero no se movió nada. “Este señor debe irse, porque la rosca corrupta que hay en Aduanas. Sigue ahí el esquema de robo. El presidente debe echar a patadas a este señor”, puntualizó.

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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

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