El asesor jurídico de la Senabico, Gonzalo García de Zuñiga, explicó que la mayor parte de los procesos que implica decomiso de bienes de delincuentes, aún no culminaron, por lo que no se se pudieron aún monetizar los productos.

“Ese monto o bien incautado, quiere decir que hasta la fecha no tiene sentencia, el 50 por ciento de los bienes subastados, con sentencia firme, debe ir a Hacienda y de ahí se hace la distribución”, señaló a la 1080 AM García de Zúñiga.

Dijo que el estado actual de situación (cinco años después de la ley que organiza la Senabico) es que está en puerta una parte, aún escasa, de los enormes recursos decomisados a grupos y personas del mundo criminal.

“Hoy tenemos disponible unos USD 300.000 tras la subasta y se está haciendo el primer llamado para un centro terapéutico”, agregó. Indicó que la legislación define procesos que hay que cumplir, de manera a ajustarse a la ley.

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García de Zúñiga sostuvo que los diversos bienes (inmuebles, muebles, vehículos, maquinarias, animales, etc) tienen sus protocolos de cuidados, a fin de que los mismos no pierdan sus valores de ventas.

“Siempre la complejidad está en los animales y hay un tiempo de venta, para una buena administración hemos contratado a personas que entiendan del rubro, tenemos hasta caballos de carrera, motel y una fábrica de cartones”, concluyó.

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Días atrás, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina otorgó un plazo de 10 meses para mantener operativa la zona de alijo y transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, evitando así su interrupción inmediata.

Esta medida fue comunicada oficialmente al representante de la Prefectura Naval Argentina, y surge tras una reunión realizada el 16 de julio en Buenos Aires, con participación de la Embajadora del Paraguay, Helena Felip, y autoridades aduaneras argentinas.

Como resultado, se acordó la conformación de una Mesa de Trabajo binacional, con la participación de representantes gubernamentales y del sector privado de ambos países. Su misión será definir una solución operativa para la continuidad del alijo en la zona, o bien, establecer alternativas viables. La Dirección General de Aduanas manifestó su disposición para participar de la primera reunión en la ciudad de Asunción, prevista para la primera semana de agosto.

Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFYM), instan a la pronta activación de esta Mesa de Trabajo, atendiendo la urgencia de la situación y el fuerte impacto económico que podría derivarse de una suspensión de las operaciones de alijo para el comercio y la logística del Paraguay.

La senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el objetivo de esta iniciativa es establecer límites y procedimientos claros mediante los cuales un empleado público o una persona designada para un cargo electivo o de conducción política pueda autorizar descuentos o retenciones directas sobre su salario o remuneración por servicios personales.

Señaló que el Estado debe velar por que las remuneraciones cumplan con lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, garantizando una retribución que permita el desarrollo libre y digno del trabajador.

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Asimismo, aclaró que, bajo ninguna circunstancia, los descuentos podrán superar el 50 % del ingreso mensual percibido por el funcionario en concepto de contraprestación por sus servicios.

La legisladora informó que desde la Comisión emitieron dos dictámenes: uno por la aprobación sin modificaciones y otro por la aprobación con modificaciones.

La propuesta legislativa fue finalmente aprobada por unanimidad, con modificaciones y será remitida a la Cámara de Diputados.

Personal policial de la Comisaría 16ª de Vallemí este miércoles procedió a la detención de Julio César Giménez Ramírez, de 18 años, y Darío Fernando Colmán Ruiz Díaz, de 22 años.

Estos jóvenes son sospechosos de haber perpetrado un hecho de robo agravado en el interior de un local comercial situado en el barrio San Martín del distrito de Vallemí, departamento de Concepción.

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En aquella oportunidad, uno de los delincuentes ingresó la despensa “La Economía” y, a punta de machete, amenazó al nieto de la propietaria, un adolescente de 17 años, quien en ese momento se encontraba a cargo del negocio.

Fue así como obligó al menor a hacer entrega del dinero -con la caja registradora incluida-, dándose luego a la fuga junto con su cómplice, que lo aguardaba afuera en una motocicleta.

Luego de un intenso rastrillaje y gracias a las filmaciones de circuito cerrado, los agentes policiales pudieron dar, primero, con el paradero de Giménez y, horas después, con el de Colmán.

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En su poder incautaron un pendrive y aros de plata, junto con otras evidencias. Asimismo, confesaron a las autoridades el sitio donde habían escondido la caja registradora del comercio asaltado.

Cabe señalar que el joven de 18 años posee antecedentes por homicidio doloso, mientras que su cómplice por hurto.