La directora de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados (Senabico), Teresa Rojas, confirmó que, 11 propiedades ubicadas en Amambay y Concepción, pertenecientes a Jarvis Chimenes Pavâo, son desde hoy responsabilidad del Estado.

Cristo Rey, Ramonita Pavâo, Villa Loma, Negla Poty, Pindura, Corralito, Confinamiento, Salmo 23, Iglesinha, Jaragua, María Cristina son los nombres de los establecimientos.

“Van a ser administrados por la Senabico durante este proceso penal, nos vamos a encargar del cuidado, la conservación y si es posible, de que esos bienes produzcan”, detalló Rojas, en comunicación con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Sobre este punto, indicó que el arrendamiento de los inmuebles es una de las formas de conservación y de productividad para estos casos, por lo tanto, el proceso iniciará esta misma semana.

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“Tenemos una ley que nos da muchas herramientas para la administración, unos son custodiados por la Policía Nacional, en otros, ya tenemos cuidadores y ahora empezamos el proceso de arrendar estos lugares para que puedan ser conservados”, informó la directora.

Estas responsabilidades se mantienen en lo que dure la tramitación de la causa penal. Si el procesado es declarado inocente, se les devuelven todos sus bienes, en cambio, si se demuestra su culpabilidad, las propiedades pasan de manera definitiva a manos del Estado paraguayo.

Respecto a las acciones durante el proceso, la Senabico le rinde cuentas al Ministerio Público, que es el director de la causa, al Poder Judicial, a la Auditoría del Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República. Además, al propietario, toda vez que lo solicite.

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CABEZA BRANCA

En el caso del narco Cabeza Branca, son siete las estancias que están a cargo de la Senabico, todas ellas arrendadas y productivas, tanto para actividades agrícolas como ganaderas. Los ingresos por el alquiler son depositados en una cuenta a nombre de Senabico.

Un hombre de 35 años, presuntamente adicto, perdió la vida esta madrugada tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras intentaba robar cables del tendido de la ANDE en el barrio Ñu Porã, en San Lorenzo.

Según el informe policial, el incidente ocurrió alrededor de las 04:45 horas en la intersección de las calles 25 de Agosto y Los Tucanes, cuando vecinos de la zona alertaron al 911 tras escuchar una fuerte explosión.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre colgado de una columna, a unos siete metros de altura. Junto a su cuerpo se halló una tijera, lo que indica que estaba intentando cortar los cables del tendido eléctrico en el momento del accidente.

A pesar de los esfuerzos por rescatarlo, la descarga eléctrica acabó con su vida en el acto. Posteriormente, la Policía identificó al fallecido como Édgar Riveros, un hombre de 35 años, conocido en la zona por su vinculación con problemas de adicción.

El caso fue atendido por agentes de la Comisaría 69°, quienes dieron intervención a Criminalística y al Ministerio Público para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

A través de un comunicado, el IPS salió al paso tras la postura del Círculo Paraguayo de Médicos con respecto a la habilitación del Hospital de Ciudad del Este como centro para formar a los nuevos especialistas en la salud.

Según los médicos, la sede del IPS en la ciudad esteña no está habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) para impartir prácticas académicas en los residentes, además sostienen que el programa de formación no está aprobado.

Estas expresiones fueron desmentidas por la previsional que, en su comunicado, aclara que la tutela académica de la facultad de ciencias de la salud de la UCA sí está habilitada por el Cones.

“Es falso que existe una irregularidad. Se realizó dentro del marco que reglamenta las instituciones”, sostienen desde el IPS.

Mencionan, además, que se cumplieron con las normativas y requisitos establecidos por los organismos institucionales.

Dos adolescentes de 16 años fueron aprehendidos luego de una persecución policial, tras ser identificados como los presuntos autores de un hurto agravado en un comercio del centro de San Alberto.

El robo ocurrió el 18 de marzo en la tabaquería Fofo, donde los delincuentes se llevaron ₲17.843.000, 1.000 reales, cinco teléfonos celulares, 20 cigarrillos electrónicos, ocho relojes, dos perfumes, seis cadenas, siete prendas de vestir nuevas y una calculadora.

Tras la investigación, la Policía localizó a uno de los sospechosos, quien intentó huir pero fue capturado en una plantación de mandioca a 200 metros de su casa. El otro implicado fue detenido en una plantación de maíz en la salida a Mbaracayú.

El operativo fue liderado por el Oficial Inspector Raúl González, con apoyo de los suboficiales Rubén Flores y Blas Figueredo, a bordo del móvil M-133.

El caso quedó en manos del fiscal de turno, Fidel Godoy, quien dispuso que los detenidos permanezcan en la sede policial a disposición del Ministerio Público.