El ministro del Interior, Francisco de Vargas, en comunicación con la 650 AM, demostró su sorpresa tras la revelación realizada este miércoles por parte de Don Abraham Fehr, quien confirmó que llegó a pagar el rescate exigido por los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Cuando nos enteramos que la familia Fehr quería hacer esta conferencia fuimos averiguando de qué se trataba. Y allí nos encontramos con la sorpresa que, totalmente ajeno a los organismos de seguridad y parientes cercanos, realizaron un pago el 18 de agosto pasado”, contó.

Señaló que desde el principio asesoraron a la familia sobre lo riesgoso que era efectuar pago de rescate sin pruebas de vida. No obstante, dijo que “reconocemos que, en el marco de la desesperación, uno se ve obligado a ciertas situaciones”.

Francisco de Vargas indicó que ahora se deben investigar las circunstancias del pedido y el pago del rescate. “Siempre hubo una sospecha, pero siempre se nos negó tal circunstancia”, añadió.

“Poco o nada sabemos a quiénes se realizó el pago. No podemos asegurar si se hizo a las personas que tienen retenido al hombre. Se sabe que hubo en otras oportunidades, y en esta no será la excepción, inescrupulosos que trataron de aprovecharse de esta situación y la ansiedad de la familia de los secuestrados”, sostuvo al momento de indicar que se advirtió sobre ese punto a los familias de Abraham Fehr.

De Vargas contó que el caso se manejó con mucho hermetismo por parte de la familia, donde hasta los hermanos desconocían el pago efectuado. “Esta circunstancia hasta estará generando problemas de carácter familiar”, argumentó.

Por otra parte, el Secretario de Estado señaló que ve como un pedido comprensible, el realizado por el padre a las fuerzas de seguridad para que se tenga en cuenta la vida de Abraham. “La Fuerza de Tarea Conjunta demostró en los últimos tiempos su capacidad de realizar procedimientos de captura y abatimiento de terroristas. Me pongo en el lugar de los familiares. Existiendo la posibilidad de procedimientos y habiendo una vida de por medio, es un temor comprensible. Le digo a la ciudadanía que esa es una circunstancia siempre que se tiene en cuenta”, añadió.

El Ministro sostuvo que no están en condiciones de señalar a la familia con el dedo ni reprocharla por el pago del dinero, pero cuestionó que: “¿cómo están seguros que son los terroristas?”. Dijo que lo preocupante es que aún no hubo de prueba de vida. “Si esto se manejaba por especialistas, eso iba a ser una exigencia”, argumentó. Agregó que investigarán además si fue dinero propio o prestado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.