La fiscal Sonia Pereira indicó a la radio 650 AM que pidió que se revoque el pedido que la misma había realizado para desestimar una causa contra el actual titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas. Añadió que este cambio se debe a que tuvo conocimiento de la existencia de mayores datos que permitirían seguir la investigación.

En ese sentido explicó que desde mediados de mayo fue designada a la unidad en Paraguarí y que, al hacer el inventario de las causas, encontró allí la denuncia realizada contra Miguel Cuevas, cuando se desempeñaba como gobernador de dicho departamento, por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, entre otros. Los denunciantes son el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres y el abogado Marcos Estigarribia.

Resaltó que la carpeta fiscal tenía menos de 30 fojas y que allí se dejaba constancia de que la exfiscal de la causa había pedido informes tanto a la Junta Departamental y la Contraloría General de la República, pero que no había respuestas por parte de estas instituciones.

Preocupada porque Cuevas iba a asumir el 30 de junio como diputado, según contó, decidió urgir a ambos entes que remitan los informes solicitados por su antecesora, pero de vuelta ninguna de las dos respondió. Entonces tuvo que hacer reiteraciones con emplazamientos. Luego de mucho insistir, recibió el documento de la Junta.

Contó que el 28 de junio se constituyó en la Contraloría, donde conversó con el jefe de gabinete. “Me dijo que no encontraban el expediente. Entonces le mostré una foto que tenía en el celular de la nota que remití y que era una reiteración con emplazamiento”, recordó.

Pereira sostuvo que tras esperar varias horas, apareció finalmente el primer pedido de informe de la anterior fiscal, pero no así los que ella había remitido. Entonces procedió a realizar el acta y pidió que el Contralor le permitiera realizar el registro de los documentos, pero este le indicó -a través del jefe de gabinete- que no podía y que recién al día siguiente iba a estar por la Contraloría.

La fiscal refirió que ante esta situación manifestó al encargado que iba a ir al juzgado de Paraguarí para obtener un orden de allanamiento y que al día siguiente volvería para hacer la inspección. La jornada siguiente, a las 07:00 horas, un funcionario de la Contraloría le llevó el informe que necesitaba, por lo que no hubo necesidad de hacer el pedido para allanar la sede contralora. El informe en cuestión también fue publicado en el portal de la Contraloría, según acotó.

Es así que basándose en esos informes y la declaración testimonial del concejal Ezequiel Cáceres, quien no hizo mención a la presentación de unas 125 fojas en el expediente, presentó el pedido de desestimación de la causa contra el legislador colorado abdista. A esto se suma que el abogado Marcos Estigarribia no se presentó a brindar su testimonio, de acuerdo a la fiscala.

Sonia Pereira resaltó que tras esto, ambos denunciantes apelaron su decisión y argumentaron que existían 125 fojas en la denuncia. Ella aseguró, en cambio, que recién en ese momento de la apelación tuvo conocimiento, ya que solo tuvo a su alcance las 30 fojas iniciales.

Ante esta situación, contó que optó por pedir al Tribunal de Apelaciones de Paraguarí que revoque el pedido que había hecho respecto a la desestimación de la causa, de modo a retomar así la investigación. Adelantó que, si los magistrados deciden que la indagación continúe, intimará al denunciante Marcos Estigarribia a que presente las 125 fojas que hace mención.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.