Cristina Goralewski, titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), en entrevista con la 730 AM explicó que en la Región Oriental actualmente rige la Ley Nº 2524/04, conocida como “Ley de Deforestación Cero”, mediante la cual se prohíbe todo “cambio de uso de suelo” (entiéndase, desmonte). Por ende, cualquier tala de árboles en superficies boscosas que se haga en esta región del país es considerada como ilegal.

En lo que respecta a la Región Occidental o Chaco, mencionó que el desmonte está autorizado por el Decreto 175/18 que reglamenta el Art. 42 de la Ley Nº 422/73 (Ley Forestal Paraguaya). Dicho decreto establece que todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas de extensión deberán conservar el 25% de sus bosques en estado natural, además del 15% de las franjas de protección y separación de parcelas. En caso de que en estas propiedades también existan cauces hídricos, se deberá preservar otro 5% de los bosques de galería o bosques protectores de cauces hídricos.

Haciendo una sumatoria de todo lo señalado anteriormente, en total se debería conservar el 45% de la superficie boscosa de cada una de las propiedades rurales en la zona del Chaco paraguayo, de acuerdo a lo que establece la legislación forestal nacional.

Según datos del Infona, de agosto de 2017 a agosto de 2018 se registró un cambio de uso de suelo de 255.312 hectáreas en la Región Occidental. De esta cifra, un 76% corresponde a un cambio de cobertura forestal autorizado y enmarcado dentro de la ley vigente, lo cual significa que unas 194.037 hectáreas fueron objeto de desmonte de forma legal.

El restante 24% -equivalente a 61.275 hectáreas- corresponde a sectores en los que se observan cambios de cobertura forestal (desmontes), pero de los que no se tiene precisión si se trata o no de talas ilegales, esto -según Goralewski- debido a que no se cuenta con todo el archivo de catastro digitalizado para hacer la verificación de los límites de las propiedades rurales.

Por consiguiente, se puede interpretar que casi 62.000 hectáreas de bosque de la zona del Chaco pudieron eventualmente ser objeto de deforestación en el transcurso de un año (periodo agosto 2017 – agosto 2018), aunque para tener precisión de ello se debería revisar el catastro de cada finca.

En la actualidad, el Chaco paraguayo cuenta con 13.841.761 hectáreas de superficie boscosa, lo cual representa aproximadamente el 56% de la superficie boscosa total, de acuerdo a lo señalado por la titular del Infona a ABC Cardinal.

A diferencia de la Región Oriental donde, en cumplimiento de la Ley de Deforestación Cero, no se puede realizar ningún tipo de desmonte, en el Chaco se debe cotejar si es que las propiedades cuentan con un plan de cambio de uso de suelo para poder aprobar cualquier cambio de cobertura forestal.

“Si los porcentajes de conservación son insuficientes o no, creo que es un debate muy amplio y complejo que debe llevarse a cabo en una mesa técnica con expertos a nivel nacional e internacional, incluyendo en el debate los efectos sociales y económicos que implicaría el cambio de la legislación vigente en donde se debe definir el modelo de desarrollo que queremos como país”, manifestó Goralewski.

Si la legislación no es modificada, sostuvo que en el Chaco paraguayo se estaría conservando un 45% de superficie boscosa, lo cual equivale a aproximadamente 11 millones de hectáreas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.