El encuentro tuvo lugar en la sede central del Ministerio Público. Dicha mesa estuvo integrada por la Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez, el Contralor General de la República Camilo Benítez Aldana, el viceministro de la Subsecretaría de Tributación Óscar Orué y fiscales de Delitos Económicos. La reunión se realizó con el objetivo de trazar acciones de trabajos en relación a los análisis y exámenes de las declaraciones juradas.

La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez señaló que se buscará la trazabilidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación.

“El tiempo establecido no significa impunidad, sino que esos informes sean eficaces, resaltando que en todos los casos se agotarán todas las líneas investigativas. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, resaltó.

Por su parte, el contralor General de la República, Camilo Benitez señaló que se deben establecer criterios objetivos a fin de establecer parámetros y el universo de los primeros análisis a ser realizados.

Esta Mesa será determinante con los controles cruzados para establecer esos criterios unificados a la hora de valorar hechos como Enriquecimiento. Lo que buscamos es no cometer errores del pasado, como enviar dictámenes que luego sean rechazados por el Ministerio Público por no contener los datos necesarios o no estar basados sobre la misma línea de investigación penal, que sean informes eficaces.

Los hechos que serán investigados son hechos de corrupción en general y no se circunscribirá a un solo tipo.

Sobre la Oficiosidad

Si bien el Ministerio Público debe actuar de oficio se encuentra condicionado al Principio de Legalidad que significa que deben existir hechos concretos de la comisión de un hecho punible.

Con relación a la oficiosidad hay que entender que es un principio que rige para el Ministerio Público, pero se encuentra condicionado al Principio de Legalidad previsto en el Artículo 18 del CPP, el que establece básicamente que el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, SIEMPRE QUE HAYAN SUFICIENTES INDICIOS FÁCTICOS DE LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS, en consonancia con el art 285 del Código Procesal Penal que dice que la denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal. Que la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicaciones de actores y partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.