Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, se refirió hoy en charla con la radio Universo 970 – Nación Media a la destitución de Hugo Javier González de la Gobernación de Central e hizo una lectora desde la mirada legal y jurídica.

Al respecto mencionó que la ley orgánica departamental dice muy poco respecto a este tipo de actuaciones. Por ello expuso que hay que remitirnos al artículo 165 de la Constitución Nacional, donde se establece el procedimiento para la destitución de intendentes y gobernadores.

“Ahí lo que corresponde es que a pedido de la Junta Departamental, en este caso, debe solicitar al Parlamento la intervención, la cual de ser aprobada, debe remitir al Poder Ejecutivo la intervención, la cual puede darse también por malos manejos administrativos que deben estar avalados por la Contraloría. Esta intervención puede durar hasta 90 días y para su destitución se debe contar con la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados”, explicó.

El experto ahondó y dejó bien en claro que “ni la Junta Departamental ni la Junta Municipal están habilitadas para destituir de por sí a su Ejecutivo”.

Consultado sobre si existe alguna norma legal que hable sobre la acefalía, atendiendo que los concejales departamentales hablan de la ausencia del Gobernador, ya que se encuentra imputado y con prisión domiciliaria, Ljubetic dijo que hay que diferenciar bien los términos y mencionó que la ley orgánica departamental establece que cuando la ausencia del intendente es menor de tres días se debe comunicar a la Junta y si la ausencia será mayor, se debe solicitar el permiso.

En este caso aclaró que la ausencia de Hugo Javier está justificada porque no puede acercarse a las sesiones por su situación procesal.

“Lo que debe quedar claro en todos los casos de destitución, la pérdida de la investidura del Ejecutivo, se pierde una vez que se tiene una sentencia firme. Lastimosamente en Paraguay declaramos so’o esta situación y se dan algunas tragicómicas respecto al proceder del legislativo municipal y departamental con relación al Ejecutivo. Por ejemplo, una vez una presidenta de la Junta de Concepción decidió expulsar por decisión propia a los 11 concejales. En Presidente Hayes se completó un cuórum con personas que no fueron electas. En María Auxiliadora se le expulsó al intendente y les expliqué que no tenían competencia para destituirlo, pero me explicaron un nuevo concepto jurídico: “Nosotros no le destituimos, le sustituimos nomás”. Esas son situaciones habituales en Paraguay porque las determinaciones son definitivamente por intereses políticos. Es un problema que tenemos que solucionar, poniendo puntos claros en estas situaciones”, contó.

Cabe recordar que Hugo Javier González actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras la decisión adoptada por la jueza María Elena Cañete que decretó su arresto domiciliario.

El político colorado había sido imputado por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos en el marco de la investigación por supuesta malversación de fondos COVID durante la pandemia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.