El abogado Pedro Ovelar, representante de Horacio Cartes, manifestó al canal Gen que actualmente está abocado junto con su cliente a interiorizarse y aclarar la causa abierta en la Fiscalía tras los dichos del ministro Arnaldo Giuzzio.

“Nosotros queremos escuchar declarar a Giuzzio ante la Fiscalía. Le haremos preguntas y debe responder como testigo. Se le harán preguntas muy definidas. Fácil es hacer un monólogo. Luego de eso surgirán muchas cosas. No queremos adelantar, pero definitivamente deberá responder judicialmente ante sus dichos”, respondió al consultársele si querellarán a Giuzzio.

Ovelar mencionó que de momento se pusieron a disposición del Ministerio Público para colaborar en las diligencias de los investigadores, de modo a aclarar la denuncia temeraria y falsa hecha por Giuzzio, primero ante la Seprelad y luego ante el Congreso.

“Esto no es un problema jurídico-judicial, es uno político que viene desde el 2013, cuando Cartes gana las elecciones. Desde ahí se busca instalar que Cartes está involucrado en hechos ilícitos. Se quieren instalar como verdaderas, pero no tienen ningún sustento jurídico”, esgrimió.

El letrado resaltó que Cartes es ajeno al contrabando y preguntó a Giuzzio si él fue a Argentina o Brasil a denunciar o reclamar a las empresas que producen pollo, cerveza, jabón en polvo, leche en polvo, u otros productos que ingresan ilegalmente al Paraguay.

“Acá el problema es político, buscan dónde atacarle a Cartes y hacen un recalentado de causas. Es un menú recalentado de hechos, algunos temerarios y otros falsos. Esto se juega en varias canchas, la principal es la política, para dañar el proyecto político de Cartes, al proyecto Santi Peña para el 2023. Desean posicionarse en cuestiones políticas”, ahondó.

El abogado indicó además que algunos integrantes de Honor Colorado fueron imputados y procesados, por lo que se preguntó por qué dicen que la fiscal general Sandra Quiñónez es manejada por el cartismo, cuando en la práctica la Fiscalía actúa sin distinción alguna.

Por su parte, Carlos Palacios, también abogado de Horacio Cartes, hizo un recuento de lo que calificó de “una puesta en escena con varios actos”. Citó que el primer paso fue la revelación de Giuzzio sobre el pedido de la Fiscalía de Panamá en el marco de una investigación por las publicaciones del año pasado de Pandora Papers.

El segundo fue el anuncio de que iba a presentar una denuncia contra Cartes. “Todos pensamos que lo haría una denuncia seria responsablemente ante Fiscalía”, dijo. Sin embargo, “lo hizo ante un organismo incompetente para zafar de su responsabilidad penal”.

El tercer acto fue su show mediático en el Congreso Nacional, donde realizó una serie de acusaciones sin fundamentos. Incluso ni presentó documentación alguna, sino que fue una mera exposición. Esto pudo corroborarse con el pedido que hizo la Fiscalía a la Comisión Permanente del Congreso para que remita todos los documentos, pero esta instancia legislativa respondió que Giuzzio no acercó ninguno, sino que solo fue un monólogo.

“Giuzzio hizo una denuncia pública temeraria, acusando al expresidente y sus empresas de estar involucrados en hechos ilícitos, además de atacar al mercado de capitales”, dijo al momento de cuestionar que generó un verdadero estupor en el sector empresarial su expresión referente a que “la Bolsa de Valores es una Bolsa de delincuentes”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.