En el marco de la pandemia Covid_19, la Defensa Pública promovió, hasta la fecha, un total de 123 amparos constitucionales a favor de personas en situación de extrema vulnerabilidad, quienes acudieron a solicitar representación de Defensores y Defensoras públicas, informó la defensora general, María Lorena Segovia Azucas.

Detalló que según datos de la Dirección de Gestión Misional (Digami) a cargo del defensor adjunto, Paublino Escobar, del total de amparos promovidos por la Defensa Pública para sus usuarios y usuarias, 33 personas fueron representadas para vacunaciones contra el Covid-19, mientras 88 solicitudes fueron para usufructo de la Unidad de Terapia Intensiva y 2 fueron para acceso a medicamentos de asistidos con problemas de salud.

La Defensora General señaló que para todas las intervenciones de la Defensa Pública en las cuales se obtuvieron sentencia favorable, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social arbitra rápidamente los medios para el cumplimiento de la orden judicial, por lo que no existen inconvenientes para que estas órdenes se lleven a cabo.

Cabe destacar que la Defensa Pública logró sentencia favorable ante un caso de amparo judicial promovido por la defensora de la Niñez y la Adolescencia, Luz Chávez, a través de la cuál una adolescente de 16 años de edad, que padece una enfermedad de base, será inmunizada. La joven menor de edad se encuentra actualmente en espera de la llegada de vacunas de la marca Pfizer, reconocida por otros países como la vacuna apta para la aplicación a personas menores de 18 años, explicó la Defensora General.

Luego de la tramitación realizada por la Defensora interviniente en el caso, la Jueza pidió un informe al Ministerio de Salud Pública y a la Sociedad Médica Especializada, llegando a la conclusión que la entidad sanitaria rectora debe proceder a la vacunación de la adolescente, una vez, que dichas vacunas ingresen al país, mencionó.

En todos los casos de amparos promovidos en representación de las 123 personas, los Defensores y Defensoras Públicas intervinientes presentaron las recomendaciones y el historial médico de los y las asistidas. La Defensora General explicó que el caso particular de la adolescente de 16 años el historial médico fue brindado por el Pediatra de la misma, además de las argumentaciones de la Defensa Pública en su solicitud el derecho a la vida y la salud, que son derechos fundamentales para toda persona, aún más, teniendo en cuenta el riesgo que corre ante la situación sanitaria actual. Finalmente, la Jueza dispuso la vacunación de la misma bajo las recomendaciones y autorización de los profesionales y los informes presentados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.