Los defensores públicos son los encargados de iniciar la demanda por prestación alimentaria y que esta se realice en tiempo y forma una vez que el demandante presente toda la documentación necesaria. El caso sigue hasta que concluya el proceso que en caso de incumplimiento por parte del progenitor, una vez que se tenga dictamen del juez, puede derivar en una situación penal.

“Cuando ya hay incumplimiento de lo dictado por el juez ya se pasa al fuero penal y es por eso que instamos a los padres que están a punto de ser denunciados ante el fuero penal ‘andá cortá el pasto para pasarle el alimento a tus niños’ porque los hijos no tienen la culpa de las peleas de los padres y si hay problemas entre ellos directamente ya no pasan el sustento y son esos inconvenientes los que solucionamos los defensores”, explicó la Defensora General interina doctora Selva Morel de Acevedo en entrevista con la 650 AM.

Explicó que para iniciar la demanda por prestación de alimentos se requiere el certificado de nacimiento del niño, la documentación del padre con detalles de dónde trabaja, monto que recibe en forma mensual o caudal de la familia porque la demanda no solo alcanza al progenitor sino a los abuelos, en caso de incumplimiento.

“La demanda no solo alcanza al papá porque si este no puede estas obligaciones pasan a los abuelos, lastimosamente pero lo hacemos”, señaló Morel.

Entre las causas que llegan hasta la defensoría también se encuentran los casos de pacientes que requieren terapia intensiva y tropiezan con la escasez de camas disponibles para el traslado.

“Esto se da en situación de hospital, el defensor se comunica con el médico tratante y por medio del convenio firmado entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia por medio de SEME se mueve el itinerario para encontrar al defensor público de turno que va a lograr esa ayuda, SEME dice en tal o cual hospital hay cama para el niño y la ambulancia es la encargada de llevar a la familia que muchas veces ni para el pasaje tiene”, explica la defensora.

Si luego de todo el proceso no se encuentra cama disponible en el sector público, ese paciente debe ser derivado a un servicio privado y todos los gastos corren por cuenta el MSP. “El niño debe ser atendido sí o sí”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.