El programa “Expedientes” emitido por el canal SNT sacó a la luz el caso de Derlis Julián Benítez, un hombre que desde hace más de 30 años habita en una propiedad de 16 hectáreas ubicada en el barrio Maramburé de Luque.

Tras el fallecimiento de su abuelo en 1989, el mismo decidió mudarse a este predio para cuidar de los bienes que habían quedado y sobre todo encargarse de la pequeña granja que se encuentra allí instalada.

Benítez comentó que nunca tuvo problemas con los vecinos del barrio y mucho menos con la justicia hasta hace un tiempo atrás cuando una empresa inmobiliaria decidió construir un barrio cerrado en un terreno colindante al suyo. A partir de allí, empezaría su calvario.

Representantes de esta firma en más de una ocasión se acercaron a él para proponerle comprar su propiedad, oferta que rechazó ya que no estaba interesado en venderla. Tras sus reiteradas negativas, empezó a gestarse lo que él considera como un nefasto plan para sacarlo de allí y quedarse con el inmueble.

El 5 de febrero pasado, una comitiva fiscal-policial encabezada por el agente fiscal Miguel Vera Zarza llegó hasta la propiedad de Benítez con una orden de allanamiento. En ese momento, se enteró de que pesaba una denuncia en su contra por supuestamente realizar disparos al aire de forma constante bajo los efectos del alcohol.

La denuncia había sido radicada en la Fiscalía de Luque por una persona identificada como Juan Maciel Baumann, quien actuó bajo el patrocinio del abogado Ricardo Ulke. En el documento, el mismo había solicitado “en carácter de urgencia” el allanamiento de la propiedad.

Los intervinientes solicitaron a Benítez que entregue las armas de fuego que tenía en su poder, en este caso, un revólver calibre 32 que había registrado en la Dimabel el año 2013 además de otras dos armas en desuso que pertenecieron a su abuelo y estaban guardadas en unos cajones.

Al momento de producirse el allanamiento, su hija, Laura Benítez, se encontraba estudiando para un examen de ingreso cuando observó a una persona extraña pasar por detrás de la vivienda. En ese interín, la misma ingresó por la puerta trasera y plantó un arma (específicamente un revólver calibre 38) entre las cosas que estaban en el pasillo.

Tras poner en conocimiento de este hecho a su padre, se procedió a revisar las cámaras del circuito cerrado. En las filmaciones se pudo comprobar que la persona que había ingresado al pasillo era Ricardo Ulke, quien también estaba acompañando el procedimiento. Benítez recuerda que a partir de ese momento, la expresión del abogado cambió por completo, denotando cierto nerviosismo en su rostro.

Luego del allanamiento, Benítez fue detenido y llevado hasta la comisaría local. Al salir de la casa, pudo observar que afuera había una retroexcavadora junto a una veintena de personas -aparentemente integrantes de la barra brava de Luque-, lo cual le dio a entender que ya estaban con intenciones de desalojarlo y ocupar el predio, cosa que finalmente no ocurrió.

El fiscal Vera formuló imputación contra Benítez por los hechos punibles de detentación y producción de riesgos comunes. Posteriormente, la jueza Jennifer Ynsfrán admitió la imputación y decretó la prisión preventiva del mismo por 10 días en la Comisaría 3° de Luque. Una vez cumplido el plazo, fue trasladado hasta la penitenciaría de Tacumbú.

Unas semanas después, la magistrada revocó la orden de prisión preventiva y permitió al hombre salir en libertado bajo arresto domicilio. A partir de ese momento, la Fiscalía había insistido en la causa a través de varias aclaratorias y apelaciones, pidiendo que se admita la imputación por detentación. Según presumen, la idea detrás de todo era volver a enviarlo a la cárcel.

En principio, los vecinos del barrio no habían sido convocados por el Ministerio Público para prestar declaración indagatoria, aunque luego de los insistentes pedidos de la defensa finalmente se procedió a cumplir con este trámite. En sus respectivas comparecencias, todos los pobladores aseguraron que nunca vieron a Benítez ingiriendo bebidas alcohólicas y tampoco realizando disparos al aire, tal y como consta en la denuncia penal.

Uno de los detalles que más llamaron la atención y generaron sospechas en este caso es que Maciel Baumann ni siquiera era vecino del barrio, dado que su domicilio estaba registrado en el barrio Loma Merlo de Luque, a unos 10 kilómetros del inmueble de Benítez.

El caso siguió su curso y, aparentemente como una medida de presión por parte del denunciante, denunciaron a la jueza Jennifer Ynsfrán ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados alegando que “cajoneaba” el expediente y “daba un trato preferencial” a Benítez. Más adelante, se presentó una recusación en su contra, la cual finalmente fue rechazada por improcedente.

Cabe mencionar que en abril de este año el fiscal del caso, Miguel Vera Zarza, había caído por un presunto pedido de coima a una persona para no imputarlo por violencia familiar por la suma de G. 15.000.000. Este hecho motivó que el mismo sea apartado de la causa penal.

En otro momento en un supuesto control aleatorio, dos policías de la comisaría de Luque fueron a la propiedad y, según dejaron constancia en un documento, aplaudieron durante 15 minutos sin recibir respuesta alguna, lo cual les hizo suponer que Benítez incumplió con su arresto domiciliario. A raíz de ello, la jueza envió un actuario hasta la vivienda, el cual pudo constatar que en realidad sí estaba cumpliendo con la orden.

Benítez denunció que hace poco tiempo “un amigo en común” le había ofrecido una suma de dinero junto con su libertad a cambio de que acceda a vender su propiedad. En caso de que él hubiera decidido aceptar, le prometieron que en 8 días “moriría” el caso, confirmando así sus sospechas de que tramaron un plan en su contra.

Tras 7 meses de no poder retornar a su vivienda y no poder compartir con su familia, finalmente ayer se realizó la audiencia de revisión de medidas en la que se concedió libertad ambulatoria a Derlis Julián Benítez, permitiéndole así recuperar su vida normal a partir de ahora.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.