Angel Coronel (27) se puso en contacto con la redacción de HOY para denunciar a la empresa SIT Paraguay en donde viene desempeñándose como guardia de seguridad desde hace aproximadamente 5 años.

Según manifestó, hace como 3 meses que no cobra de manera regular su salario, el cual ha sido objeto de llamativos recortes que no fueron justificados por la empresa. De percibir la suma de G. 2.900.000 pasó a cobrar tan solo G. 1.800.000 (con descuento de IPS incluido).

Esta situación se habría generado luego de que fue transferido del Banco Central del Paraguay (BCP), lugar en el que tenía a su cargo la custodia de dos miembros del directorio, al Banco Nacional de Fomento (BNF).

El denunciante explicó que el cambio fue ordenado por sus superiores a raíz de un hecho del que fue acusado injustamente y que no cometió. Pese a sostener su inocencia, se vio forzado a cumplir con la disposición y trasladarse hasta la sucursal del BNF ubicada sobre Haedo y Chile, en el microcentro de Asunción.

Cuando cumplía funciones en el BCP, asegura haber cobrado alrededor de 2.900.000 guaraníes de manera mensual, a veces inclusive más por las guardias nocturnas o feriados que le tocaba trabajar, pero al pasar al BNF su bonificación se redujo considerablemente hasta llegar a unos 1.800.000 guaraníes, cifra menor al salario mínimo legal vigente en la actualidad.

“La empresa hace figurar que los trabajadores cobran más, pero en realidad pagan poco”, afirmó Coronel a HOY. Asimismo, sostuvo que en dicha firma no quieren pagar la indemnización por antigüedad y por ello “le hacen la vida imposible” a sus trabajadores a fin de forzarlos a renunciar.

En un audio enviado a nuestra redacción, se escucha al denunciante conversar con la encargada del Departamento de Recursos Humanos de SIT Paraguay, quien no supo justificar el motivo por el cual se le hizo la disminución del salario al ser transferido a otra entidad bancaria. Pese a los insistentes reclamos, la mujer evitó brindar una justificación concreta.

Según Coronel, su caso no es el único pues otros compañeros suyos estarían pasando por situaciones similares, percibiendo salarios mucho menores a los que figuran en las planillas de cobros de la empresa.

Sobre este punto, reveló que varios trabajadores temen represalias por parte de la empresa, ya sean sanciones o desvinculaciones, y por ello no se animan a denunciarla ante el Ministerio de Trabajo. “Están jugando con la necesidad de la gente, hay personas que necesitan el trabajo y por miedo no quieren denunciar. La mayoría tiene este problema”, acotó.

Coronel confirmó que en diciembre pasado acudió al Ministerio de Trabajo para radicar la denuncia formal por este hecho y aguarda a que sea convocado para la audiencia de intermediación o, en su defecto, que se haga un seguimiento al hecho denunciado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.