Nidia, Graciela y Angelina Jara son tres hermanas que poseen una propiedad de poco más de 12 hectáreas ubicada en una compañía de la ciudad de Itá, en el departamento Central. Las mismas habían heredado este inmueble de su padre, quien a su vez lo había adquirido de terceras personas en el año 1940.

El abogado Mario Elizeche Baudo, representante legal de las mujeres, indicó a HOY que todo inició a finales del 2011 cuando trabajadores de la empresa de seguridad Tapití S.R.L. ingresaron de manera irregular a una fracción del terreno.

Según mencionó, el espacio ocupado (con una dimensión de 1 hectárea) estaba siendo administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que hace unos años atrás había llegado a un acuerdo con las propietarias para utilizar dicho predio para un proyecto comunitario.

Luego de ocupar el sitio, los guardias de seguridad empezaron a avanzar cada vez más hacia el sector que corresponde a las afectadas (en este caso, las restantes 11 hectáreas). Con armas de fuego en mano, los mismos amenazaban a cualquier persona que intentaba ingresar a dicho predio y les decían que si se acercaban “les iban a meter balas”, según la denuncia.

Tras esta situación, las hermanas Jara formularon una serie de denuncias en la comisaría local y en la unidad fiscal de la zona por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Pese a ello, las autoridades no hicieron nada para frenar el ilícito, refirió el abogado.

Luego de darse este conflicto, decidieron presentar un interdicto para retener la posesión del terreno, dado que ellas ejercen hasta hoy la posesión real del mismo. Puntualmente, el litigio giró en torno a una hectárea que había sido ocupada irregularmente por la empresa Tapití, explicó Elizeche Baudo.

Luego de presentar este amparo judicial, las denunciantes lograron conseguir una medida cautelar de prohibición de innovar contra los invasores, lo cual les impedía realizar cualquier tipo de modificación en cualquier parte del predio ocupado.

Los representantes de la firma Tapití, manejada por el excomisiario Vidal Machado, desacataron la orden judicial y, a fin de seguir peleando por la ocupación del terreno, decidieron impulsar un juicio sucesorio plagado de irregularidades. En tal sentido, el abogado explicó que en el año 1940, los herederos originales del señor Adolfo Gerding habían decidido vender la propiedad al padre de las hermanas Jara y, por ende, él había pasado a ser el nuevo propietario de esas 12 hectáreas.

Representantes de la empresa de seguridad lograron contactar con parientes del difunto Adolfo Gerding para que los mismos acompañen el nuevo juicio de sucesión y se hagan pasar por herederos, pese a que la cuestión ya se había dirimido hace varias décadas atrás. En el marco de este proceso, lograron obtener padrones falsos y, a través de un topógrafo, hicieron una supuesta mensura privada para superponer una propiedad inexistente sobre el predio de las afectadas.

Las hermanas Jara ganaron el juicio de interdicto en primera instancia. Posteriormente, la decisión fue apelada por la contraparte y la causa fue enviada a la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Central en San Lorenzo donde, con un voto en disidencia, se revocó la resolución inicial, dándole finalmente la razón a la empresa Tapití. Según Elizeche Baudo, los integrantes del tribunal se valieron de un argumento “traído de los pelos” diciendo que lo que se probó en el expediente es que las personas que habían ingresado (en este caso, de la empresa Tapití) eran lo que efectivamente estaban ocupando el inmueble y no las hermanas Jara.

Ante este revés judicial, se volvió a presentar una acción de inconstitucionalidad para tratar de revertir la resolución del Tribunal de Apelaciones que favorecía a la empresa de Vidal Machado.

El abogado comentó que las personas que actualmente ocupan de manera irregular el predio siguen en su afán de seguir avanzando, a tal punto de que ya están talando varios árboles de la propiedad sin el consentimiento de las denunciantes. “Con un título falso está queriendo usurpar 11 hectáreas que son propiedad de mis clientes”, añadió.

Acusó al excomisario de utilizar la posición privilegiada que tiene para ocupar el terreno y de utilizar a los funcionarios de su empresa de seguridad para intimidar tanto a sus defendidas como a los demás vecinos del barrio, utilizando inclusive armas de fuego para dicho cometido.

Elizeche Baudo pide a la justicia que tome cartas en el asunto y que se pueda demostrar de manera fehaciente que las hermanas Jara son las propietarias reales del terreno, dejando al descubierto las varias irregularidades cometidas por el excomisario Vidal Machado y la empresa Tapití S.R.L.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.