En contacto con nuestra redacción, el viceministro y también apoderado de la ANR comentó que pudo enterarse de la detención de Christian Roig González y seguir todo el procedimiento ayer en horas de la tarde a través de los distintos medios de comunicación.

Ya en horas de la noche, tuvo conocimiento de que el joven fue nuevamente puesto en libertad, lo cual -a su criterio- fue algo bastante “llamativo” dadas las circunstancias del hecho: “Eso me pareció raro, acá se quiere mostrar esto como que fue un error policial, pero en las averiguaciones confirmé que se hizo en forma el procedimiento”.

Sobre este punto, explicó que luego de producirse el accidente de tránsito se realizó una denuncia policial que derivó en la detención de Roig González y Manolo Ezequiel Vera (19), el sujeto que iba al mando del vehículo que protagonizó el percance vial. En ese momento se encontró en poder de ambos 58,8 gramos de marihuana, motivo por el cual se solicitó apoyo al Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional y a la Fiscalía.

González cuestionó a la fiscal interviniente por no haber puesto a disposición del juzgado de turno al joven sin haber concretado las diligencias correspondientes en casos similares. “No tomó una medida, directamente le decidió liberar, cuando se le llevó a la Fiscalía ya estaba resuelta la situación”, apuntó.

A su criterio, si el involucrado fuese el hijo de un diputado colorado “no se iba a tomar todo tan ligeramente como se está tomando ahora”, o en caso de que el protagonista fuese el hijo de una persona cualquiera “no iba a tener la misma suerte y capaz ya iba a estar en Tacumbú”.

De esta forma, el apoderado de la ANR pone en duda el desempeño fiscal y no descarta que Roig González haya sido liberado por las influencias que tiene su madre. “Esto le puede pasar a cualquiera, pero lo que llama la atención es que esta persona (Kattya González) pregona tanto la intervención política en la justicia y ahora sucedió esto con su hijo, llama la atención que ahora plantea la despenalización de la marihuana”, acotó, haciendo mención a lo expresado ayer por la diputada electa.

Eduardo González pidió que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tome cartas en el asunto y verifique de oficio la actuación de la fiscal del caso, teniendo en cuenta las supuestas irregularidades existentes.

“Lamento lo que le ha ocurrido a su hijo, pero más lamento que ella hizo. La ley es la ley y es igual para todos. Si fuese un adherente colorado capaz iba a ser diferente la historia”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.