​“Todos los días llegan casos de intoxicaciones. Hay niños que mueren intoxicados, pero no se investiga ni se da una explicación porque Paraguay no tiene un sistema sanitario que dé atención en toxicología”, lamentó Amarilla.

A finales de julio, dos niñas de tres años y seis meses de edad fallecieron en la comunidad de Huber Duré, víctimas de una presunta intoxicación con agrotóxicos, según denunció la Federación Nacional Campesina (FNC).

Otras treinta personas de la misma comunidad, entre adultos y menores, fueron hospitalizadas con afecciones respiratorias.

Además en un lapso de 8 días murieron repentinamente 319 gallinas, 43 vacas y 30 cerdos pertenecientes a las familias campesinas, según testimonios recogidos por la organización dedicada a estudios sociológicos.

El Gobierno descartó entonces que se tratara de casos de intoxicación por fumigaciones con pesticidas, y señaló que las muertes de las dos niñas se debieron a una infección respiratoria.

La activista por las mujeres rurales e indígenas rechazó también el uso de semillas transgénicas para las explotaciones masivas de cultivos como la soja, y reclamó la utilización de la semilla nativa paraguaya.

“El 80% de la tierra cultivable en Paraguay está en manos de grandes multinacionales, como Monsanto, que siembran semillas transgénicas y emplean agrotóxicos en los cultivos”, afirmó.

Amarilla también se mostró crítica con “el proyecto neoliberal del Gobierno” del presidente Horacio Cartes, que “permite que los campesinos e indígenas sean expulsados de sus tierras”.

El acaparamiento de las tierras, los desalojos de las poblaciones campesinas, el uso de los monocultivos masivos y los atropellos a los derechos humanos de los pueblos indígenas fueron otras de sus denuncias.

Conamuri forma parte de la plataforma Ñamoseke Monsanto, que reúne a más de treinta organizaciones campesinas, indígenas, religiosas, civiles y juveniles en contra del uso de agrotóxicos y transgénicos en el campo paraguayo.

La plataforma celebrará el miércoles un seminario y una marcha de protesta con motivo del Día Internacional por el no uso de agrotóxicos, que se conmemora cada 3 de diciembre.

La Federación Nacional Campesina (FNC) asegura que en los últimos diez años cerca de un millón de campesinos han abandonado las zonas rurales de Paraguay en dirección a la capital y otras grandes ciudades a causa de la concentración de tierras y la expansión del monocultivo

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.