“Como siempre la municipalidad se encarga de pagar por el servicio de tratamiento de basuras, para ir a cobrar la empresa debía presentar su factura legal, pero como adeudaba una millonaria cantidad de dinero al fisco como EMPO SA y no podía solucionar ese problema con Hacienda. Entonces, la empresa consiguió con los concejales municipales que se dé una adenda en el contrato y se homologó para cambio de denominación como EMPO LTDA y con la factura de LTDA pudieron cobrar”, relató González, quien afirma que desde hace 18 años la empresa opera de forma irregular.

En la era Enrique Riera como intendente de la Municipalidad de Asunción, la empresa ganó la licitación hace 20 años para el tratamiento de las basuras. A los dos años de iniciar el trabajo en Cateura, EMPO SA ya debía cerrar por incumplimiento de contrato, porque no cumplieron con una serie de trabajos sociales, adquisición de maquinarias y mejoramiento del medio ambiente que debían desarrollar con la comunidad aledaña a la planta de tratamiento residual, señalaron los denunciantes.

“Antes de tener la denominación LTDA. EMPO ya cobraba con una factura falsa, encima de eso utilizaron el cheque y luego culparon a la contadora, a quien denunciaron y a quien se le imputó por el caso. Pero EMPO siguió cobrando con los documentos falsos. Todo esto ocurrió en el 2018”, refirió la denunciante en conversación con La Nación.

TAMBIÉN EN CONTRALORÍA

La denuncia fue realizada ante la Junta Municipal de Asunción por la ciudadana Rosmary contra la empresa denominada EMPO LTDA y Asociados por incumplimiento y quebrantamiento de la mayoría de las cláusulas del contrato de concesión. Solicitó los documentos de las condiciones de la licitación del servicio de recolección de residuos sólidos. Expuso también las irregularidades a las que incurrió la empresa EMPO para el cobro a la comuna capitalina correspondiente al mes de febrero 2018.

La denuncia también fue realizada ante la Contraloría en el 2018, por delito ambiental y desacato a ordenanzas municipales de Asunción. La contraloría solicitó la intervención del registro sanitario de Cateura, así como también solicitó intervención por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), por la comisión de hecho punible de producción de documentos no auténticos cometidos por la firma Empo Ltda.

La recomendación que emitió la contraloría en el mes de octubre del 2018 fue la suspensión de todo trámite relacionado con el pago del servicio de disposición final de basura en el municipio y con referencia a hechos cuya dilucidación dependía de trámites en curso.

“Hicieron caso omiso a dicha recomendación y así siguieron las irregularidades. Luego, en el mismo mes de octubre del 2018 se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía Barrial N° 2 contra Mario Ferreiro y otros por producción de documentos no auténticos y otros. También se dio conocimiento a la Junta Municipal para dejar en conocimiento sobre la denuncia formal”, explicó la denunciante.

En noviembre del mismo año la Contraloría emitió un nuevo dictamen –debido a la denuncia– y recomendó a la Municipalidad de Asunción a través de su Junta Municipal que inicie de inmediato el trámite para la rescisión del contrato de referencia. Además, instó al inicio de la ejecución de la garantía correspondiente a la etapa de explotación prevista en el artículo N° 32 del PBC.

“Todas estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta y hoy día estamos viviendo las consecuencias de la inoperancia e inacción en síntesis de la corrupción de nuestras autoridades. La denuncia penal se encuentra en la Unidad Penal N° 3, Sede 1, con la fiscala Stella Mary Cano esperando se dé la imputación de todos los involucrados”, señaló González.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.