Esas irregularidades detectadas tanto en la investigación de la Fiscalía como en el posterior proceso judicial, fueron objeto de una audiencia pública en el Congreso convocada por la Articulación por Curuguaty, que agrupa a personas y asociaciones en respaldo de los acusados por la masacre.

La matanza se produjo el 15 de junio de 2012, cuando cerca de 300 policías acudieron a desalojar unas tierras del distrito de Curuguaty, que ocupaban un grupo de 70 campesinos para reclamar que se integrasen a la reforma agraria estatal.

Durante el desalojo se originó un tiroteo, y como consecuencia de él fallecieron once campesinos y seis policías.

La Fiscalía investigó las muertes de los policías, y formuló acusación contra once campesinos, que están siendo juzgados en Asunción.

“La investigación de la Fiscalía fue parcial, porque se negó a investigar y ocultó datos”, dijo hoy a Efe Néstor Vera, participante en la audiencia pública y miembro de la Articulación por Curuguaty.

Vera destacó que la Fiscalía nunca ordenó realizar la autopsia a los cadáveres de la masacre, por lo que jamás se pudo esclarecer cómo murieron, según declaró en el juicio el forense encargado de la causa, Pablo Lemir.

La defensa de los campesinos acusados pidió además la exhumación de los cadáveres para someterlos a una necropsia, pero el Tribunal se negó.

Vera también recordó que el forense sí realizó en cambio placas radiográficas a los cadáveres de los policías, pero estas “se extraviaron”, según la Fiscalía.

Tampoco aparecieron los casquillos de bala recolectados en el lugar de la masacre por periodistas y familiares de las víctimas, antes de la llegada de los agentes fiscales, y que constituyen también pruebas, añadió Vera.

También recalcó que desaparecieron las filmaciones que, según varios testigos, tomaron los funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que acompañaron el desalojo que desembocó en la masacre.

Las cámaras instaladas en el helicóptero que sobrevoló el lugar de los hechos tampoco pudieron registrar nada, ya que se encontraban averiadas, según declaró en el juicio el piloto de la aeronave, Gilberto Salinas.

Vera subrayó que los testimonios policiales se contradicen en cuanto a las armas que llevaban los acusados, y opinó que muchos de los agentes dicen que “no vieron ni escucharon nada” porque sus declaraciones se encuentran condicionadas por “órdenes superiores” del Ministerio del Interior.

En esta institución asumió el pasado mes de enero como viceministro de Seguridad Jalil Rachid, el fiscal que dirigió la investigación por el caso Curuguaty y elaboró la acusación contra los campesinos.

La masacre sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por organismos internacionales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.