Aquino, en comunicación con la 970 AM, recordó que en administraciones anteriores hubo un litigio, que derivó en un juicio a través del cual el municipio de Encarnación tuvo la titularidad de cuatro hectáreas de un inmueble que se encuentra en el distrito de Cambyreta. Expresó que es un terreno rodeado de agua, donde se están terminando algunas obras de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) lo cual convertirá al sector en una zona altamente privilegiada.

Ya en esta administración, siempre según el concejal, se tuvo la intención de vender el terreno para solucionar problemas como compra de maquinarias y pago de deudas. “Consideramos que no era inteligente vender ese terreno ahora. En uno o dos años se va a triplicar el valor del terreno. Vendiendo ahora no vamos a poder solucionar todos los problemas”, sostuvo Aquino.

Sin embargo, el 17 de junio de 2016 hubo un pedido de subasta, que fue resuelto en noviembre. En ese lapso, Aquino recordó que repitieron que iba a ser una decisión poco inteligente la de vender ese terreno en ese momento. “La presión mediática a través de medios de comunicación de la capital. ABC todos los días nos golpeaba”, expresó el edil quien confirmó que hubo publicaciones lograron torcer la decisión de la Junta Municipal de Encarnación, a favor de subastar el predio.

Pese a no estar convencidos, el concejal expresó que se hizo el proceso de publicación y el intendente Luis Yd sacó una resolución a través de la cual se recortó el inmueble, dejando libres unos 916 m2, lo cual se traduce en G. 500.000.000 aproximadamente, que la Municipalidad dejó de percibir.

Aquino dijo además que la decisión de vender menos cantidad de terreno no fue aprobada por la Junta Municipal encarnacena. Agregó que un solo comprador se presentó a la subasta, que fue la empresa Penta SA (del Grupo Zuccolillo), cuya adjudicación le fue concedida por US$ 115 el metro cuadrado.

Consultado sobre por qué no se opusieron, Aquino explicó que cualquier problema que acontece en la ciudad, el Ejecutivo deslinda responsabilidad a la Junta, específicamente a los concejales colorados. “Yo no tengo nada que esconder. No voy a callar ante ciertas situaciones. Llamo a los medios que no están direccionados donde tenemos la oportunidad de decir la verdad. No queremos quedar los concejales colorados como los malos de la película”, indicó.

Finalmente, dijo que la Municipalidad de Encarnación está operando en negro porque, hasta el momento, no presentó informes sobre ejecución presupuestaria del dinero proveniente de royalties. Instó a la Contraloría y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a dictaminar al respecto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.