Diosnel Aguilera, vicepresidente de la Junta Municipal de Pilar, cuestionó duramente la asistencia que llevó la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a la zona anegada, por ser insuficiente y haber llegado de manera muy tardía.

El edil sostuvo que el kit de víveres no cumple con la demanda de los afectados por las inundaciones. “Es muy pobre, muy lamentable. El kit no vale más de 30.000 guaraníes, tiene harina, azúcar, yerba, aceite, dos vaka’i, jabón, poroto y hasta ahí”, lanzó.

Así también cuestionó la tardanza para entregar los víveres, al explicar que inicialmente se decidió que la Pastoral Social de la Iglesia se encargue de realizar un censo a las familias afectadas para luego dar la ayuda y que ningún político se involucre en la distribución para evitar las especulaciones. En medio de este trabajo, la SEN avisó que no servía y que debía realizarse nuevamente.

“Fue todo muy desprolijo y desorganizado, porque se tomaron los datos a las personas que fueron a las plazas y muchas se anotaban tres o cuatro veces. Mientras que otros se habían anotado por la mañana y no fueron avisados con tiempo para volver a hacerlo por la tarde”, lamentó.

JUNTA SE DESLINDA

Ayer, la Junta Municipal de Pilar, a través de una resolución, deslindó responsabilidades de los inconvenientes generados en la entrega de kits de víveres, proveídos por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a los damnificados el día de ayer.

En el documento, los concejales aseguran que hubo falta de organización y coordinación adecuada en la entrega de la asistencia, generando una larga espera a los pobladores y por ende se registraron disturbios que pusieron en riesgo la integridad de las personas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.