Todo lo contrario a su labor de velar por la seguridad laboral de los trabajadores, Bacigalupo aplica el conocido refrán: “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, considerando su reciente intimación a la ANR.

La denuncia se dio a través de una funcionaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) e instructora del SNPP, luego de que la ministra intimara a las autoridades de la institución partidaria por un caso de atraso de salarios en dicho local partidario. En este sentido, el propio presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, salió al paso de la situación y sostuvo que se trata de un funcionario conflictivo y que el mismo ya contrajo varias deudas con el partido.

“Con respecto a la intimación que enviaron del Ministerio del Trabajo sobre el atraso del salario de los funcionarios de la Junta, sería bueno recordarles el incumplimiento del pago de salarios con los instructores del SNPP desde el mes de octubre”, dijo la funcionaria que prefirió no ser identificada por temor a represalia.

Este no es un hecho aislado por parte de la ministra de Trabajo, teniendo en cuenta que desde que asumió la cartera de Estado ya protagonizó varias denuncias de irregularidades y sigue en el cargo. Bacigalupo ya fue denunciada por tomarse atribuciones que no le corresponden dentro de la Secretaría Nacional de Promoción Profesional, como destituir y nombrar a funcionarios.

Destituciones, nombramientos y cancelación de contratos en el SNPP, sin tener atribuciones, ya forman parte de las denuncias contra la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, en un poco más de 100 días de gestión. Una de las primeras denuncias fue por emitir una resolución en la cual aceptó la renuncia presentada por el funcionario Alcides Ortega, cuya nota de dimisión fue dirigida al titular del SNPP, Ramón Maciel Rojas.

NUEVA DIRECTORA

Carla Bacigalupo incurrió en reiteradas ocasiones en usurpación de funciones debido que fungía de directora del SNPP y realizaba contrataciones y descontrataciones sin tener facultad para las mismas.

Recientemente fue nombrada en el cargo Ingrid Molas como directora de gabinete del SNPP. La misma fue funcionaria se desempeñaba anteriormente en la Dirección de Observatorio del Turismo de la Senatur, donde la hermana de la ministra Marcela Bacigalupo está a cargo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Carla Bacigalupo, también había firmado contrato con una nueva empresa de limpieza Renova SA por un monto de G. 13.230 millones, luego de haber suspendido el contrato con otra empresa. Este nuevo contrato le costaría G. 1.000 millones más caro al Estado debido que la segunda mejor oferta fue de G. 12.288 millones que quedó fuera y se adjudicó a la tercera firma por el monto de G. 13.230 millones.

Otro de los hechos denunciados fue que Bacigalupo mintió al asegurar que por falta de fondos se iba a cortar unos 500 cursos impartidos por la institución. Posteriormente fueron presentados documentos de Hacienda en la que confirma que la institución contaba con un fondo de G. 88.000 millones que le permitirá cubrir los gastos provenientes del rubro destinado a instructores hasta el mes de marzo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.