En charla con HOY, la activista Yren Rotela manifestó que durante la noche del jueves tuvo conocimiento de la agresión que sufrió una trabajadora del sexo, conocida como Karina Fernandez (22), al ser detenida el pasado martes.

“Ella fue detenida por un supuesto caso de robo, pero se hizo un procedimiento fuerte contra esta persona, porque no se respetó el principio de inocencia. A ella se la llevó y como dijo que no era ladrona, entonces le torturaron para que diga quién robó al oficial su celular y dinero. A ella le pegaron en la cara y el cuerpo, tiene hematomas, queremos que se acerque un médico forense”, indicó.

Rotela criticó el actuar de la Policía, al referir que atenta contra la identificad de género. “Yo pasé por esto y sé el trato que se nos da en los procedimientos policiales”, lamentó.

La detenida está temerosa porque sigue recluida en la comisaría, de donde luego deberá ir a la cárcel de Tacumbú a guardar prisión de manera preventiva, a pedido del juzgado, según detalló la entrevistada, quien además resaltó que si algo llegase a pasar a la trans, los culpables serán los uniformados.

La denunciante contó que ya dieron a conocer el caso al Mecanismo de la Tortura, y otras organizaciones de DD.HH., y que en breve denunciarán formalmente ante la Fiscalía.

“Nosotros no estamos defendiendo el robo, es más, creemos que la policía debe actuar con el protocolo, pero abusan de su autoridad y les pegan a las trans. Al año nosotros registramos 30 casos similares. Además hay mucho hostigamiento y coima a las trabajadoras”, puntualizó.

Por su parte, el comisario Zacarías Centurión, jefe de la Comisaría 15ª, manifestó que desconocía la denuncia realizada por la organización, pero que se interiorizará al respecto.

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN TRANS

“Desde la Asociación PANAMBI, de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay manifestamos nuestro REPUDIO ante un nuevo hecho de violencia hacia una compañera trans, por parte de personal policial de la comisaria 15 metropolitana.

Las personas trans somos tratadas con estigma violencia y criminalizadas. Discriminadas por los entes gubernamentales pisoteando nuestros derechos a la justicia declarándonos culpables ante cualquier sospecha. Hoy ante un nuevo hecho de abuso policial, los agentes no respetan la identidad de género de las personas trans, utilizando todo tipos de adjetivos discriminatorios y violentan lastiman nuestros cuerpos

INSTAMOS a las autoridades a que respeten la identidad y expresión de genero de las personas, así como los protocolos de detención en casos de personas LGBTI e investiguen los abusos, tortura, tratos inhumanos y degradantes por parte de representantes del Estado.

RESPONSABILIZAMOS: al Estado paraguayo y a la Comandancia de la Policía Nacional de cualquier situación que atente contra la integridad física y psicológica de las personas bajo custodia estatal, como es el caso de la compañera Karina Fernández.

Instamos: a los comunicadores, periodistas y formadores de opinión a encarar también este tipo de hechos con un abordaje de mayor respeto y objetividad, ya que conocemos la importancia y la influencia que tiene los medios de comunicación y formadores de opinión ante millones de personas”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.