En una conferencia de prensa brindada esta tarde, autoridades de la Administración Nacional de Electricidad brindaron explicaciones referentes a las denuncias de sobrefacturación surgidas en los últimos días.

El presidente de la ANDE, Ing. Luis Villordo, sostuvo que actualmente sufren de la precariedad tanto de su sistema informático como de su sistema comercial que data de hace más de 20 años, lo cual genera ciertos inconvenientes a la hora de hacer los cálculos.

Respecto a este tema, aseguró que “es precario para poder detectar determinados errores” y recordó que fue necesario hacer algunas estimaciones del consumo promedio de los usuarios para emitir las facturas, atendiendo a que se había suspendido la lectura de medidores durante la cuarentena.

Cabe mencionar que la Ley de Emergencia por el COVID-19 establece que solamente podrán ser exonerados aquellos clientes cuyo consumo promedio sea menor a los 500 kWh/mes, lo cual equivale a cerca de G. 222.000, teniendo aplicación para las facturas de marzo, abril y mayo.

Por su parte, el Ing. Luis Torres, Gerente Comercial de la ANDE, explicó que para emitir las facturas se calculó un promedio de los últimos 12 meses, contando desde febrero 2019 a marzo 2020.

Según comentó durante la conferencia, en muchos casos la estimación que se hizo en abril “fue muy por debajo del consumo real”, siendo éste uno de los motivos principales por los que algunas facturas correspondientes a mayo sean mucho mayores.

“Lo que se dio es una subfacturación en abril y una regularización en el mes de mayo, es un aumento de consumo regularizado pero no hay ninguna intención de sobrefacturación”, afirmó el gerente comercial de la ANDE.

A su vez, Villordo indicó que hubo casos en los que se produjo una “subestimación” y otros con una “sobreestimación” de los promedios de consumo de energía eléctrica, lo cual se habría dado a consecuencia de la antigüedad de su sistema comercial.

Desde la ANDE desmintieron que sea necesario abonar primero la factura para posteriormente hacer cualquier tipo de reclamo. Asimismo, aclararon que no harán cortes por falta de pago hasta el mes de junio.

Las facturas emitidas en los meses de marzo, abril, mayo y junio y que no hayan sido exoneradas por no cumplir los requisitos de la Ley de Emergencia automáticamente serán fraccionadas en julio en un plazo de 18 meses, sin intereses ni recargos moratorios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.