A continuación transcribimos el texto completo enviado al director del medio:

Yo, Mario Abdo Benítez (h), me dirijo a usted para solicitar la publicación de la siguiente carta, en el ejercicio de mi derecho constitucional a réplica, debido a publicaciones falsas, calumniosas, difamatorias aparecidas en la edición digital del diario HOY, que se encuentra bajo su dirección, de fecha 25 de agosto de este año, que por supuesto no son las únicas, ya que usted y su medio se han embarcado en una campaña sucia de ofensas y mentiras contra mi persona, exponiéndome como alguien vinculado a actos de corrupción, y utilizando información tergiversada y tendenciosa.

El título del artículo dice: “MARITO ‘PAGA’ A FUNCIONARIA VIAJE A EUROPA PARA APRENDER CEREMONIAS”.

Primera falsedad, no he pagado a nadie ningún viaje a Europa en mi carácter de Presidente del Senado Nacional, ni como Senador, ni personalmente.

De manera maliciosa, la página publica dos fotografías, una mía (pública) y otra privada, con lo que se insinúa algún tipo de favor personal en el ejercicio de mi función de Presidente del Congreso. De hecho su medio ni usted tienen la valentía de aseverar o afirmar cosas concretas, eligiendo el camino de las insinuaciones y falsedades.

Todas las decisiones tomadas durante mi gestión fueron basadas en normas vigentes y sobre la base de dictámenes de las instituciones pertinentes. En el caso concreto, el pedido formulado por la funcionaria tuvo el trámite de consulta a la Dirección de Recursos Humanos y el antecedente del Dictamen Nº 6294/2015 emitido por el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta Beaufort. En el mismo se lee: “En relación al plazo por el cual se otorgaría el permiso consideramos que para cursos de capacitación con goce de sueldo el plazo máximo es de un año…”.

El Ministerio de Educación y Cultura, secretaría del Poder Ejecutivo, a quien responde su línea de ofensas y estilo contrario al más elemental comportamiento responsable en el uso de los medios de comunicación, emitió la resolución Nº 12.589/19 “QUE REGLAMENTA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO PARA EL USUFRUCTO DE BECAS” refiere expresamente que estos casos incluyen el pago de sus salarios mientras dure la beca. Esta resolución fue firmada por el ministro Enrique Riera Escudero, cercano al Presidente de la República, pero esto no parece tener la misma interpretación para su redacción.

Estos hechos que le menciono son públicos y por los tanto era obligación suya verificar la información ante de presentar hechos falsos al público, conducta dolos que es contraria a lo que indica el artículo 28 de la Constitución Nacional: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime”.

Es por eso, que la única conclusión posible respecto a las publicaciones agraviantes hacia mi persona, es que se realizan con malicia.

Rechazo categóricamente “haber pagado” viajes a persona alguna, o favorecido ilícitamente a alguien en el ejercicio de mis funciones.

Es evidente que su medio, y usted como responsable, iniciaron una persecución, utilizando un medio de comunicación y prostituyendo la responsabilidad social que desempeñan estos espacios en la sociedad democrática.

El artículo de su responsabilidad presenta información falsa y calumniosa insinuando maliciosamente actos de mala administración supuestamente de mi responsabilidad.

El artículo 26 de la Constitución Nacional, que usted alevosamente pasa por alto, consagra: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”.

El artículo 28 de la Carta Magna por su parte indica: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada, o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”.

Al publicar este tipo de artículos, mintiendo y falseando información, usted como director de un medio de comunicación lesiona el derecho de las personas a recibir una información veraz y ecuánime, y afecta de manera irreparable mi buen nombre y reputación.

Exijo finalmente mi derecho a que esta carta sea publicada en el mismo espacio y en las mismas condiciones en que se publicaron las ofensas a mi persona faltando a la verdad. Por supuesto que hago reserva expresa de reclamar compensación por los daños causados, a usted y al medio que dirige.

Atentamente, Mario Abdo Benítez (H).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.