Tania Barboza, estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), radicó una denuncia formal ante las autoridades universitarias por un supuesto caso de acoso sexual.

La acusación involucra a Diego Paredes, quien se desempeña como docente de la cátedra de Derecho Romano II del Plan Transicional, así como a dos compañeros de la denunciante, de nombre Carlos Cristaldo y Liz Barrientos, quienes habrían actuado como intermediarios entre ambos.

De acuerdo a la denuncia, Cristaldo se había acercado a Barboza con el fin de hacerle una propuesta que involucraba una salida con el docente en cuestión, a fin de que ella pueda aprobar el examen y “pasar la materia”. Según puede escucharse en un audio compartido vía WhatsApp, el mismo le habría manifestado que “si pasaba algo más ya dependía de ella”, dando a entender que el encuentro podría terminar con un acto sexual.

Llegado el día del examen, la estudiante se presenta para rendir cuando en un momento dado el docente le consulta “si había hablado con Cristaldo”, hecho que confirmó sus sospechas sobre la propuesta indecente. Al momento de entregar la hoja, la joven quedó en estado de shock ante lo que había sucedido y llegó al punto de no poder contener las lágrimas.

Al día siguiente, Barrientos se habría comunicado vía telefónica con Barboza para hablarle sobre el mismo tema. En su conversación, esta compañera le habría dicho que “son mujeres, ya todas grandes” y le sugirió que acceda a una merienda con el profesor dado que él tenía intenciones de “conocerla mejor”. Igualmente, le manifestó que “no le comente a otras personas sobre eso porque a él no se lo debía ensuciar”.

El caso fue comunicado por la alumna al Centro de Estudiantes de Derecho UNA que, tras tomar conocimiento del hecho, elaboró una nota que fue posteriormente remitida al decano de la facultad, José Raúl Torres Kirmser, comentándole todos los detalles.

Aparentemente, Cristaldo previamente habría mostrado a Diego Paredes un “catálogo de mujeres” en la que aparecían nombres y fotografías de varias estudiantes de la facultad, esto siempre según la denuncia presentada por el Centro de Estudiantes.

REPUDIO Y SOLIDARIDAD POR PARTE DE ESTUDIANTES

Estudiantes del 4to semestre 2da Cátedra Turno Noche emitieron un comunicado solidarizándose con la denunciante y repudiando enérgicamente el comportamiento de los dos compañeros involucrados. Asimismo, pidieron que se tomen todos los recaudos legales para que se aplique una sanción justa a los responsables.

“Advertimos que haremos un seguimiento especial a este caso, así como a cualquier otro de naturaleza similar, y no permitiremos que la víctima sea acosada impunemente por otros compañeros y/o amenazada por absolutamente ninguna otra persona”, refiere el texto.

Nicolás Prono, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho UNA, indicó al canal C9N que desde dicha agrupación están en contra de cualquier tipo de acoso, ya sea por parte de docentes, funcionarios o los mismos alumnos.

En la oportunidad, pidió que se instruya un sumario administrativo para investigar la denuncia y sostuvo que, de confirmarse la culpabilidad de los implicados, se proceda a la expulsión de los mismos de la universidad.

Un estudio realizado años atrás por egresados de la Facultad de Derecho y Notariado UNA -y publicado por el periódico universitario El Independiente– reveló que el 95% de los casos de acoso no llegan a ser reportados y que el 35% son producidos por docentes de la misma institución.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.