La situación de desabastecimiento en los servicios del Hospital Nacional de Itauguá en cuanto a insumos y medicamentos arriesgan la atención de los pacientes que diariamente son atendidos en el centro asistencial de mayor complejidad del sector público según lo denuncian los integrantes de la Asociación Médica del Hospital Nacional.

A través de un comunicado señalan que la falta de fármacos y lo básico para la atención se arrastra desde hace varias semanas situación que pone en riesgo el tratamiento de miles de pacientes que llegan de diversos puntos del país.

Los profesionales se pronunciaron ante la situación y deslindan toda responsabilidad en casos médico – legal emergente de las condiciones de trabajo.

“Si bien es cierto y aplaudimos la necesidad de transparentar todos los procesos administrativos del MSP y que las intervenciones son herramientas válidas, se debe buscar una vía alternativa para abastecer de insumos y medicamentos al Hospital Nacional de Itauguá, único hospital de la red pública donde los pacientes con patologías de alta complejidad encuentran una respuesta válida”, puntualizan.

Esta mañana, el superintendente de Salud, doctor Jorge Rodas entregó un informe de los servicios de urgencias de algunos centros de referencia visitados en un circuito entre los que se incluyó al Nacional de Itauguá y se detectó la necesidad de optimizar los servicios debido a una superpoblación de pacientes en la mayoría de los establecimientos, lo que pone en riesgo la seguridad e los pacientes y profesionales de la salud.

“La mayoría de los hospitales tiene sus servicios de urgencia abarrotados, sobresaturados, pacientes internados en estados inadecuados por falta de lugar, una problemática reiterativa que se viene arrastrando desde hace años. Recordemos que el 20% de cobertura sanitaria a la población lo cubre el seguro social, el 70% salud pública y el resto del porcentaje lo cubren los demás servicios”, afirmó Rodas.

Indicó que el informe entregado al ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni contiene ítems que deben ser considerados para tomar decisiones pertinentes en forma conjunta con asesoría jurídica de la cartera sanitaria.

Mazzoleni aclaró que analizarán de manera más detallada las condiciones en las que se encuentran los servicios por regiones para tomar una decisión de declarar o no emergencia sanitaria.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.