Desarticulan estudio contable dedicado a la venta de facturas falsas
Mediante una investigación y posterior allanamiento, el Ministerio Público y la Subsecretaria de Tributación (SET) lograron desarticular una red de empresas que se dedicaba a la venta de facturas falsas. Oscar Orué, viceministro de la SET, estima que el sistema de estafa representó una evasión impositiva de G. 100.000 millones.
El allanamiento al “Estudio Contable GSM” ubicado en Luque, fue realizado el día de ayer y estuvo encabezado por el agente fiscal Juan Ledesma de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
“Lo que encontramos es que desde esa casa, se hicieron suscripciones de más de 50 empresas, que al parecer son fantasmas. Hay diferentes rubros habilitados en esta empresa, desde bienes hasta servicios. La empresa fue creada al solo efecto de vender facturas falsas y evadir el pago de impuestos”, expresó Orué en contacto con la Unión.
Sostuvo que dichas firmas compraron las facturas, cargaron su contabilidad a fin de reducir costos y gastos, y así pagar menos impuestos.
Tras el allanamiento, se identificó a unas 52 empresas dentro de ese esquema y unas 190 personas físicas y jurídicas que adquirieron los documentos falsas, explicó el viceministro.
Asimismo, dijo que la red fantasma fue descubierta gracias a un proceso de investigación que realizó la Administración Tributaria durante varios meses, así como el uso de tecnología a través del código IP para identificar el lugar desde donde se realizaban las operaciones.
La evasión de impuestos ascendería a casi G. 100.000 millones.
Por último recomendó a los contribuyentes que accedieron a las facturas de GSM que rectifiquen sus declaraciones juradas y paguen los impuestos correspondientes para evitar un proceso penal por evasión de impuestos.
Asado no fue frente al panteón, ofrecieron mudar la parrilla, “pero ya oikoma la sarambi”
El albañil increpado por hacer un asado dentro del cementerio, donde trabaja hace 40 años, contó que, antes de que Eugenia Aquino comience a grabar ofrecieron mudar la parrilla, sin embargo, los maltratos e improperios llegaron de entrada. También se supo que el panteón en cuestión estaba a la vuelta y no en frente al asado.
Felipe Alvarez conversó este lunes con el Canal Gen-Nación Media, desde el cementerio de la Recoleta, donde, según comentó, todavía no recibió una notificación sobre la suspensión del permiso para trabajar allí, sin embargo, ya escuchó que no le permitirán el ingreso.
“Entró esa señora y acá teníamos nuestra parrillita, después dijo ‘¿quién están haciendo asado?’ Mi compañero le dijo, si le molesta señora, vamos a llevar nomás a otra parte, pero ya oikoma la sarambi, ha ya oreputeavaipaitema (ya nos retó todo mal)”, comentó Alvarez.
El señor asegura que lleva unos 40 años en el cementerio, donde realiza trabajos de albañilería y pintura, gracias a la gente que lo contrata para los arreglos de los panteones, principalmente de quienes se ven en apuros para enterrar a sus familiares.
“Yo no le conozco, ayer nomás mi hija me dijo que era aipo cocinera Telefutúrope. Esta es la primera vez que nos tratan así en 40 años”, lamentó.
Para don Felipe, era cuestión de hablar con amabilidad y eso bastaba para que ellos muevan la parrilla del lugar si ocasionaba molestias.
Durante el recorrido del canal por el sitio, se pudo constatar que, la entrada al panteón del padre de Eugenia Aquino, en realidad se encuentra a la vuelta de donde fue ubicada la parrilla.
El jefe de Gabinete Civil de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, anunció es mañana que revocarán el permiso de trabajo a don Felipe Alvarez.
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Paraguayo detenido en Argentina es extraditado a Brasil por tráfico de drogas
Un paraguayo fue detenido en Argentina y entregado a la Policía Federal de Brasil, donde se enfrentará a cargos de tráfico internacional de drogas. La detención fue resultado de una orden emitida por la Justicia Federal de Curitiba, Brasil.
Un compatriota fue detenido en la zona de Puerto Iguazú, Argentina, y entregado a la Policía Federal de Brasil, en cumplimiento de una orden de detención emitida por la Justicia Federal de Curitiba, Brasil.
El detenido se enfrenta a cargos de tráfico internacional de drogas, no obstante, hasta el momento no se reveló su identidad.
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El informe policial señala que el compatriota, que al parecer circulaba sin restricciones por la triple frontera, fue monitoreado por las autoridades brasileñas, que alertaron a sus pares argentinos sobre la orden pendiente en su contra.
Tras su detención en Argentina, fue expulsado y trasladado a Brasil, donde fue entregado a los agentes federales en el Puente Internacional de la Fraternidad “Tancredo Neves”, que conecta Foz do Iguazú con Puerto Iguazú, en la zona de la triple frontera.
A pesar de que las autoridades no brindaron detalles adicionales sobre el detenido, se sabe que la orden de detención proviene de la Justicia Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil.
VIDEO| Vecinos pillan a ladrón robando cables subterráneos de COPACO
Un hombre fue detenido en flagrancia mientras sustraía cables de fibra óptica de una fosa subterránea en Asunción. La acción fue alertada por los residentes, quienes rápidamente informaron a la Policía.
La noche del domingo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre en flagrante delito por el hurto agravado de cables de fibra óptica pertenecientes a COPACO. El hecho ocurrió en la vía pública, en la intersección de las calles Tte. Fariña y Parapití, en Asunción.
El aprehendido, identificado como Derlis Gabriel Ibarra Rojas, de 37 años, cuenta con antecedentes por hurto (2009), robo agravado (2019) y hurto agravado (2023). En esta ocasión, los cables sustraídos fueron extraídos de una fosa subterránea de la empresa estatal, según la denuncia.
El procedimiento estuvo a cargo de los agentes policiales Evangelina Escalante y Rubén Maciel. Posteriormente, el caso fue comunicado al agente fiscal de Turno de la Unidad Penal N.º 2, Sede 1, Asunción, Giovanni Grisetti, quien llevará adelante los trámites legales pertinentes.
Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con la prevención de estos delitos, que no solo afectan la propiedad pública sino también el bienestar y los servicios esenciales de la comunidad.