En contacto con Radio UNO, el senador Adolfo Ferreiro (Avanza País) habló sobre el proyecto de Ley de Libranzas que debe ser analizado por la Cámara de Senadores y ya cuenta con media sanción de Diputados.

El mismo considera que sería un enorme retroceso en caso de que se llegue a aprobar esta ley, ya que afectaría la seguridad que se le da a los trabajadores en la disposición de su salario mensual para poder atender sus intereses de subsistencia familiar o de los problemas que tengan.

El proyecto de ley establece que se realizará un descuento automático del salario del trabajador para pagar a los acreedores comerciales por las deudas contraídas, entiéndase casas de créditos o electrodomésticos, entre otros. Se habla de hasta un 50% de descuento para aquellos que perciban el salario mínimo y, en caso de ser superior al mínimo, podrá alcanzar hasta un 65%.

El proyecto de ley había sido presentado el año pasado por los diputados Oscar Tuma, Walter Harms, José María Ibáñez (implicado en el caso “niñera de oro”) y Carlos Núñez Salinas.

El senador Ferreiro considera que este es uno de los “proyectos empaquetados”, al mencionar que provendrían de algún grupo con intereses financieros o económicos que utilizan a los parlamentarios como canal para llevar adelante su propuesta.

Asimismo, afirmó que este proyecto de ley va totalmente en contra de lo que establece la Constitución Nacional y los principios fundamentales del derecho laboral.

“Esta autorización que va a dar el trabajador hace que se vuelva obligatorio para el empleador hacer el descuento y pagarle al acreedor financiero. Si no lo hace, (el empleador) responde solidariamente, se le va a multar o sancionar al trabajador aparte de cobrársele compulsivamente al patrón”, expresó el parlamentario a la 650 AM.

Ferreiro dio un ejemplo al respecto diciendo que si una persona queda sin trabajo, mediante esta Ley de Libranzas se le estaría quitando su indemnización antes de que sea desvinculado de manera a pagar su deuda, y cuando consiga otro trabajo, el nuevo empleador va a estar obligado a seguir descontándole su salario para continuar cumpliendo con sus obligaciones y deudas.

Para el senador de Avanza País, si llegara a aprobarse esta normativa sería “como la época del mensú”, haciendo alusión a aquellos trabajadores de las plantaciones de yerba mate que estaban en una situación de deudores permanentes y se veían obligados a continuar trabajando hasta cancelar sus deudas.

Adelantó que ni siquiera pudieron debatir sobre este proyecto de ley en la comisión correspondiente y tampoco en la Cámara de Senadores debido a todo el tiempo en que no se realizaron las sesiones. De no ser tratado (o rechazado) en la próxima sesión de la Cámara Alta, la Ley de Libranzas tendría sanción ficta.

“Estamos ante un proyecto que significa la provocación a grandes problemas sociales, va a ocurrir como ocurre hoy día en algunos ámbitos laborales que la gente entra en un endeudamiento sobreexagerado con una garantía cada vez más absurda a favor del acreedor”, puntualizó Ferreiro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.