Desde este miércoles entra en vigencia la ley que regula el teletrabajo y establece las condiciones de las relaciones laborales en el sector público y privado, con el propósito de impulsar la modernización, reducir los costos, incrementar la productividad y brindar la posibilidad de conciliar las actividades laborales y las responsabilidades familiares.

La normativa rige para las empresas privadas, organismos del estado sean privados, púbicos o mixtos; gobernaciones, municipalidades, instituciones autónomas y autárquicas.

Los trabajadores que se desempeñen bajo la modalidad del teletrabajo tendrán los mismos derechos y obligaciones que un trabajador que cumpla sus funciones de manera presencial. Utilizar esta forma de trabajo es voluntaria tanto para el trabajador como para el empleador.

DERECHO A LA DESCONEXIÓN

La ley establece que las partes podrán establecer una distribución flexible de la jornada laboral, respetando los límites de la carga horaria diaria y semanal. El empleador respetará el derecho del teletrabajador a la desconexión, que será de al menos doce horas continuas, tiempo durante el cual el mismo no está obligado a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos, así como en días de descanso, permisos o feriados.

El empleador además debe respetar la vida privada del teletrabajador y los tiempos de descanso y reposo de la familia de este. A tal efecto, se garantiza el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, que consiste en no contestar comunicaciones, llamadas, emails, mensajes, WhatsApp, etc., de trabajo fuera de su horario laboral.

En cuanto a las horas extras que hace el trabajador, el empleador deberá establecer un sistema de supervisión para verificar lo cumplido.

OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR

Los teletrabajadores tendrán los mismos derechos que los demás trabajadores presenciales y estarán obligados a mantener su disponibilidad durante la jornada laboral, cuidar de los equipos proporcionados por el empleador e informar en un plazo no mayor de 24 horas el desperfecto, extravío o robo de algún aparato de la empresa; guardar confidencialidad con respecto al acceso y manejo de la información o datos que tenga acceso; y eximir de responsabilidad a la empresa si se realizan actos ilícitos con su equipamiento.

Debe notificar de forma inmediata y formal si sufrió algún accidente, enfermedad o invalidez, y acercar dentro de las 48 horas luego del hecho los certificados o informes médicos que acrediten su condición.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

El empleador es responsable de proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos o programas, capacitar el manejo y uso de los mismos, respetar la vida privada del teletrabajador, mantenerlo informado y advertirle sobre las sanciones.

VISITAS DE CONTROL

Cuando el teletrabajo se realice en el domicilio del teletrabajador, el empleador podrá realizar visitas para controlar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional, así como el mantenimiento de los equipos informáticos, previa notificación y calendarización acordada con el teletrabajador. Las mismas podrán realizarse durante la jornada laboral y en presencia del teletrabajador o de la persona que este designe.

VALIDEZ DE LAS COMUNICACIONES

Durante el régimen del teletrabajo toda comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico tendrá validez jurídica, así como los documentos o archivos digitales que se encuentren en la nube o espacio de almacenamiento virtual.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.