Por Jorge Torres Romero

El 30 de junio de 2018, el ex gobernador del departamento del Guairá, Rodolfo Friedmann, juraba como senador y desde su banca del Congreso Nacional, siguió operando en favor de la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), según se revela en nuevos mensajes de su primo Álvaro Alfaro, también imputado por la fiscalía junto a Friedmann y su esposa, por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo.

Desde la llegada de Friedmann al Senado, conforme al relato del primo de éste y también gerenciador de ESSA se inicia un plan de expansión de los servicios proveídos por ESSA a otros municipios y gobiernos departamentales del país. El 16 de mayo de 2019, la empresa ESSA ganó un contrato de G. 11 mil millones en la gobernación de Guairá, cuando Friedmann era senador, además de otro contrato por valor de G. 16 mil millones en la gobernación de Caazapá.

En un mensaje de whatsapp remitido por Alfaro al entonces administrador y accionista de ESSA, Hugo Alexander Torales, en fecha 18 de julio de 2018, éste le requiere información sobre la firma de un nuevo contrato para la provisión del Almuerzo Escolar en la Gobernación del Guairá, teniendo en cuenta que Friedmann se apuraba para cobrar el anticipo y Torales se había retrasado en la presentación de algunos documentos. Alfaro le reclama a Torales el hecho de que no haya firmado aún el contrato puesto que eso les impedía acceder al pago.

En otro mensaje, se observa que, a pedido de Friedmann, se realiza una extracción del Banco Familiar de G. 150 millones que se efectúa por intermedio de la contadora de la empresa Lourdes González -también procesada por la fiscalía-. Mientras que, en un mensaje de audio, Alfaro le expresa a Torales su preocupación por que se había efectivizado el cheque y aún no se había depositado a la cuenta de la empresa. “Lo del banco es lo que me preocupa, porque el lunes se cobró un cheque y Lourdes (González) sigue teniendo el dinero, es mucha plata. Es muy riesgoso, tiene que estar depositado en una cuenta ese dinero. Rodolfo me llama y me insiste, le dije que el proceso está en el banco y le dije que a lo mejor para el próximo cobro ya vamos a tener una cuenta habilitada”.

De acuerdo a lo manifestado por Alexander Torales, en ese entonces, la firma ESSA ya había dejado de operar con el banco Interfisa de Villarrica donde tenían las cuentas en guaraníes y dólares, ésta última utilizada exclusivamente para el manejo de los fondos pertenecientes a Friedmann.

SE VOLVIÓ MÁS EXIGENTE

Desde el momento que Rodolfo Friedmann asumió en el Senado, se volvió mucho más exigente y puntilloso en el control de las cuentas de ESSA. Así lo da a entender en otro mensaje de voz, su primo Álvaro Alfaro, quien se mostró preocupado por la manera en que se estaban presentando las rendiciones de cuentas de los movimientos de la empresa. “No es muy claro qué es este informe sobre caja chica. Se debe desglosar mejor y podemos detallar mejor eso. A no ser que tengamos cada mes una planilla de caja chica para ver en qué se usó el dinero. Tenemos que ser más específicos en eso para que no haya desconfianza de parte de Rodolfo, porque él quiere reducir los gastos y debemos tratar de especificar mejor”, le indica Alfaro a Torales.

De este modo, desde su banca en el Senado, Friedmann seguía manteniendo el control sobre la empresa, en cuanto a las licitaciones que debía presentarse y también sobre los pasos a seguir en cada proceso de adquisición; incluso había ordenado que se modifiquen los precios en el contrato con la municipalidad de Villarrica para dejarle con menos días de comida a los niños pobres.

ANTECEDENTES

La empresa ESSA, que fue creada originalmente con la participación del ahora diputado Ever Noguera, quien también fue procesado por el Ministerio Público. ESSA con Friedmann logró que en poco tiempo se convierta en la principal proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento y fue acaparando licitaciones incluso en municipios y gobernaciones de la zona.

AUDIOS DE ALVARO ALFARO REMITIDOS A ALEXANDER TORALES CONFIRMAN QUE FRIEDMAN GERENCIABA ESSA SIENDO SENADOR (Todos esos mensajes fueron remitidos a partir del 1 de julio de 2018, cuando Friedmann ya ocupaba su banca)

El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.

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El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.

Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.

Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.

Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.

Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.

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Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

EN MANOS DE LA CORTE

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó una advertencia a la ciudadanía sobre la circulación de ofertas laborales fraudulentas en internet.

A través de un comunicado, la institución indicó que estas propuestas pueden parecer atractivas inicialmente, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.

Para protegerse, el ministerio recomienda evitar hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, no proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta, realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional, y verificar la veracidad de las ofertas laborales, comprobar la existencia de la empresa que las publica y, si fuera necesario, buscar asesoramiento de expertos antes de aplicar a cualquier posición, ya sea dentro o fuera del país.

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