El cantante paraguayo Jesús Emilio Andrés Ayala Benítez, quien albergaba en las inmediaciones y pasillos del hospital de contingencia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), en Asunción, falleció hace una semana tras haber padecido de Covid-19. Su esposa estaba internada en el mismo sitio y hoy lamenta que el hombre no haya recibido atención médica, siendo que ya padecía de problemas respiratorios con anterioridad.

En entrevista con el Trece, Jennifer Salinas indicó que ambos fueron al Ineram tras contagiarse de Covid-19. Ella tuvo la suerte de conseguir un lugar, pero su marido no y luego de unos días, este terminó falleciendo. “Yo les preguntaba a todas las personas por él pero no sabían darme una respuesta. Cuando me dieron de alta pregunté por él para ayudarle”, dijo.

La mujer mencionó que la última vez que habló con su esposo, pidió que le acerque agua con gas porque tenía la boca muy seca, y que su marido le respondió que tampoco él estaba aguantando más y que le costaba respirar. “Le dije que deje todas las cosas en el auto y vaya a consultar. Luego me sacaron el celular en el Ineram y me trataron súper mal, tengo los brazos destrozados. No pude comunicarme más con él”, recordó.

El jefe de protocolo del Ineram fue quien le sacó el teléfono en ese momento y la trató de mala manera, según manifestó. En lo que respecta al personal de blanco, destacó el buen trato y la amabilidad que tuvieron con ella, ayudándola a sobrellevar esa difícil situación.

“Ni siquiera le entubaron a mi marido, ni siquiera le atendieron. Era una basura ahí. Le robaron a su papá a Manuelito, ni procuraron un poquitito”, reclamó la ciudadana.

Cabe mencionar que Jesús Ayala y Jennifer Salinas son padres de Manuelito, el niño que padecía una deformidad del corazón, conocida como síndrome de Shone, por lo que ambos se trasladaban constantemente hasta Buenos Aires, Argentina, donde realizaban todo tipo de actividades para recaudar fondos a beneficio de Manuelito, que fueron destinados a las diversas cirugías para que recibiera el tratamiento adecuado.

La madre comentó que el pequeño debe operarse nuevamente y que necesita de la ayuda de la ciudadanía. “Por favor, no le abandonen a Manuelito, por favor, sean su papá guazu”, rogó.

Las personas interesadas en ayudar pueden contactar al número de WhatsApp (0992) 928 735, o hacer donaciones a la cuenta bancaria en Itaú a nombre de Oscar Pozzo 120002133 C.I Nº 3.746.166.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.