A través de un comunicado, el Colegio Cristo Rey respondió a la queja de una madre que asegura que realizan un “lavado de cerebro” a los alumnos; las autoridades afirman que la tarea sobre el caso Curuguaty no cuenta con “una respuesta correcta” y que los estudiantes no son presionados para asumir posturas a favor de los procesados. Además, ratificaron la posición de la institución educativa al respecto, calificando el juicio de injusto.

“Mal podríamos nosotros, como cristianos, hacer vista al costado ante una situación en la cual pueden estar condenadas personas por medio de un juicio injusto”, menciona el texto.

Para los representantes del colegio, las presuntas irregularidades en el proceso no solo deben ser debatidas en las instituciones educativas, sino en los diferentes sectores de la sociedad.

“Al parecer no habría elementos suficientes o pruebas contundentes para probar la culpabilidad de los campesinos ya condenados, ni claridad al respecto a la forma cómo ocurrieron los hechos (a lo que hay que añadir la desaparición de evidencias) y esto merece un análisis crítico de la situación, porque cualquier persona en el futuro podría ser sometida a un juicio sin posibilidad de que sus argumentos puedan ser tenidos en cuenta”, menciona el comunicado.

Desde la institución también cuestionan que la madre de familia no haya acudido primeramente a las autoridades del colegio para esclarecer sus dudas entorno al trabajo.

“LAVADO DE CEREBRO”

La tarea asignada a los alumnos del 1er año de la Educación Media del Colegio Cristo Rey incorpora 21 preguntas sobre el caso Curuguaty, que hace referencia a presuntas irregularidades en el proceso, ejecuciones a campesinos; igualmente, los alumnos deben citar quién fue el verdadero responsable de la emboscada que ocurrió en la propiedad, entre otras preguntas que, según la denuncia de una de las madres, evidencia la intención política del docente que pretende “lavar el cerebro” a los alumnos.

“Vale 21 puntos la tarea. Si no escriben lo que el profesor, dirigido por el director, quiere, se aplazan en Formación Humana y Cristiana”, denunció la madre de uno de los estudiantes.

“Evidentemente están sembrando sus semillas en las mentes de jóvenes de 15 años, edad en la que creen que porque les dice su profesor es lo cierto (…) Van a salir 120 alumnos por año con ese lavado de cerebro, a menos que intervengan sus familias”, sostuvo la mujer, que advirtió que el próximo año trasladará a su hijo a otra institución educativa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.