“Tenemos una hoja de ruta basada en acciones concretas que responderán en una mejora del transporte público, como el proyecto de tren de cercanía, los buses eléctricos, carriles exclusivos, renovación de flotas, y el mejoramiento del sistema, análisis y validación de la frecuencia. Estamos trabajando con Inteligencia Artificial (IA) para utilizar los datos del big data, y así, generar informaciones de origen y destino”, mencionó la ministra del MOPC.

En la oportunidad, mencionó que la implementación del carril único es un plan piloto que posteriormente irá avanzando a otros ejes troncales para aumentar la velocidad de los buses y disminuir el tiempo de viaje de los pasajeros.

“El ciudadano está hoy delante de un Gobierno que tomó el tema de transporte público como una de sus prioridades de gestión. Los problemas son complejos y lamentablemente no se resuelven en 100 días, pero en 100 días sí generamos un plan de trabajo y una hoja de ruta sobre la cual vamos a trabajar los próximos 5 años para un sistema de transporte moderno”, aseveró.

La ministra señaló que el área de transporte tiene diferentes aristas que deben fortalecerse para un efectivo plan de mejora, como el subsidio a transportistas que su administración recibió con más de seis meses de deuda.

Por tanto, otra de las prioridades de gestión fue el cumplimiento de las responsabilidades financieras del Estado a través del Decreto N° 710/2023, que establece una tarifa promedio para todos los meses de deuda y permite desarrollar y ejecutar acciones a corto y mediano plazo que beneficiarán al pasajero.

En cuanto a la implementación de buses eléctricos en el sistema de transporte, puntualizó que tanto este como los demás proyectos requieren de un mejoramiento de infraestructura, que también está previsto desde el MOPC.

A su vez, dijo que el Viceministerio de Transporte fue dotado de excelentes profesionales para el rediseño de servicio.

Luis Benítez y Alfonso Peña, directores de Yacyretá por la margen derecha e izquierda, respectivamente, junto con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Argentina, Daniel González, el día de hoy suscribieron el “Acuerdo Operativo de la EBY”.

Se trata de un documento de suma importancia para la entidad compartida por Paraguay y Argentina, ya que permitirá ordenar la operación y el flujo financiero de la binacional.

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Uno de los aspectos claves de este acuerdo es la fijación de una tarifa única de USD 28 por megavatio/hora como retribución por la energía generada y comercializada por la EBY.

De igual manera, se destaca la definición de aspectos operativos que permitirán a ambos sistemas contar con mayor previsibilidad en el despacho de cargas para abastecer las demandas.

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Este acuerdo, a su vez, allana el camino para la reactivación de las obras en el brazo Aña Cuá, fundamentales para ampliar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica.

Desde la Presidencia de la República celebraron la firma del acuerdo entre ambas partes, afirmando que el mismo representa “un avance que fortalece la equidad en la distribución de los beneficios energéticos entre Paraguay y Argentina”.

Para el abogado Ricardo Preda, la Contraloría General de la República tiene toda la facultad de solicitar la intervención de un municipio, amparándose en la ley 317 del año 1994 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o municipales”.

“No hay mucho margen para la interpretación. Sin lugar a dudas, la Contraloría tiene la facultad de solicitarle al Poder Ejecutivo que inicie los trámites de intervención”, explicó el abogado Preda en conversación con Universo 970.

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Dijo además que en el caso de la Junta Municipal es la que no puede pedir una intervención sin un dictamen previo de la Contraloría.

Asimismo, sostuvo que la falta de transparencia es una puesta en peligro de irregularidad en la gestión y que en el caso de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, el pedido de intervención es una decisión plenamente jurídica por parte de la Contraloría.

“La Contraloría si detecta un delito, hace el reporte de hecho punible. Lo que acá pide es que se intervenga porque hay una situación fuera de control y se detectaron irregularidades que pueden poner en riesgo el patrimonio”, subrayó.

Agregó que no hace falta llegar al perjuicio patrimonial, sino que basta con el hecho de poner en riesgo el patrimonio.

La fiscal Gladys González imputó por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa y transgresión a la Ley de Armas a Juan Manuel Bogarín Domínguez.

Este sujeto se encuentra acusado de intentar asesinar a su expareja, Isabel Margarita Dávalos, y a su novio, Alexis Javier Rodríguez Paredes, aparentemente motivado por los celos y el despecho.

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El hecho se registró en el año 2023, en jurisdicción del barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby. En aquella oportunidad, Bogarín había interceptado a la pareja cuando estaba a punto de llegar a su vivienda.

Tras descender de un vehículo con un arma de fuego, este sujeto intentó disparar contra la humanidad de la mujer, quien en ese momento iba con un bebé en brazos. Por fortuna, la pistola se trabó y no logró dispararse.

Esta situación fue aprovechada por Dávalos y Rodríguez, quienes huyeron rápidamente hasta su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde fueron interceptados.

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Decidido a continuar con su plan, Bogarín persiguió a las víctimas mientras continuaba intentando disparar, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado.