El país mediterráneo de casi 7 millones de habitantes ha reportado 159 casos y siete fallecidos hasta el martes. Solo tres personas infectadas se encontraban hospitalizadas, de las cuales una estaba en cuidados intensivos, según datos del Ministerio de Salud Pública.

La escasa conectividad de Paraguay puede influir, pero el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico de parte de la población fue determinante, dijo a Reuters Luis Alberto Escoto, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país.

“El mejor resultado se le puede atribuir a la adopción (de estas medidas) y a la actitud que ha tenido la población a pesar de vivir en un contexto difícil, de desigualdades, de pobreza”, dijo Escoto.

Paraguay fue el primer país sudamericano que decretó el cierre de escuelas y la suspensión de actividades de concurrencia masiva en la segunda semana de marzo. Poco después cerró las fronteras, los aeropuertos y dispuso una cuarentena total de la población con pocas excepciones.

Policías y militares vigilan las calles y comercios, y la fiscalía inició procesos judiciales a más de mil personas por violar las restricciones. Escoto dijo que el haber mantenido los supermercados abiertos todos los días ayudó a evitar aglomeraciones en busca de alimentos.

Sin embargo, el país es también uno de los que menos pruebas hace: 26,2 test por cada 100.000 habitantes, según la OPS/OMS. El déficit está relacionado a la escasez mundial de reactivos y a la falta de personal calificado para llevar adelante las pruebas, pero a criterio de Escoto no sería un problema mayor.

“Si es la punta del iceberg la que estamos viendo es una punta que no nos debería asustar tanto porque vemos que las emergencias, los hospitales y las unidades de cuidados intensivos no están presionadas”, dijo.

Paraguay ha tenido también dificultades para comprar ventiladores y equipos de protección para el personal sanitario, una razón que llevó al presidente Mario Abdo a extender la cuarentena la noche del lunes.

“Un subregistro seguro que hay. Pero la no presencia de mortalidad o casos graves que saturen el sistema hace pensar de que no hay todavía una trasmisión comunitaria exponencial”, dijo la senadora y exministra de Salud, Esperanza Martínez.

El país emplea menos de un 3 por ciento del PIB en sanidad, tiene apenas 1,2 camas por cada 1.000 habitantes, que incluyen las del sector privado.

Para una emergencia, el Ministerio de Salud espera responder con cerca de 300 camas en cuidados intensivos y 1.200 en salas regulares.

Reporte de Daniela Desantis; Editado en español por Javier López de Lérida

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.